Land thieves and land conflicts in Puerto Gaitán, Meta. The case of El Porvenir

Lina María Ortega Van Arcken** / Laura Daniela Ramírez Bueno***

Resumen

Este artículo describe los escenarios actuales de conflicto por la tierra los cuales se relacionan, específicamente, con los tierreros en El Porvenir, Meta, y se enfoca en la figura del tierrero para lograr entender cómo se ha definido este agente a través de diversas fuentes para identificar su modus operandi en territorios rurales. En ese sentido, se exponen tanto las dinámicas de despojo como los mecanismos que han utilizados estos actores para apoderarse de los predios o disputárselos.

Palabras clave:

Tierreros, despojo, tierras, paramilitarismo, Puerto Gaitán, El Porvenir.

Abstract

This article describes current land conflicts specifically related to the “tierreros” (land thieves) in El Porvenir, Meta. The article focuses on the figure of the land thief in order to understand how this agent has been defined in various sources as well as to identify its modus operandi in rural territories. In this sense, this article presents both the dynamics of land theft and the means that these actors have used to take ownership or attempt to take ownership of properties in El Porvenir.

Key Words:

Land thieves, land theft, Land, Paramilitarism, Puerto Gaitán, El Porvenir.

Este artículo tiene como objetivo entender el papel de los tierreros[1] dentro de los conflictos por la tierra en la vereda de El Porvenir, Meta, y parte de la hipótesis de que este tipo de agentes implementan diversos mecanismos de despojo para apropiarse de la tierra. Esta hipótesis nació y se nutrió de la información obtenida a través de un ejercicio etnográfico realizado en el municipio de Puerto Gaitán, el cual incluyó entrevistas a líderes sociales, funcionarios públicos, líderes de la comunidad indígena Kubeo-Sikuani, y algunas personas señaladas como tierreros. Otras fuentes usadas fueron informes, trabajos de grado, y portales de prensa que han estudiado este fenómeno a nivel nacional, entre estas se destacan las investigaciones de Verdad Abierta, documentos del Centro Nacional de Memoria Histórica y sentencias de Justicia y paz. Asimismo, se documentaron las denuncias realizadas por reclamantes de tierras en la Corporación Jurídica Yira Castro y la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, además de las solicitudes y declaraciones realizadas por este grupo a la Unidad de Restitución de Tierras.

El artículo se divide en cinco partes, en la primera se abarca la historia del conflicto armado en El Porvenir. En la segunda, se hace un recuento de las transacciones de las que ha sido objeto el predio Hato Cabiona y se explica cómo se desarrolló el conflicto actual por estas tierras. La tercera parte se enfoca en el tierrero y cómo se ha estudiado, visibilizado, e investigado este actor en el país. La cuarta parte profundiza en la actuación de los tierreros en El Porvenir a través del análisis del despojo. Finalmente se ofrecen unas reflexiones sobre este caso.

Los inicios

La vereda El Porvenir es un territorio que contiene un entramado de conflictos por la tierra relacionados, por una parte, con la presencia histórica de grupos armados ilegales que han actuado con apoyo de poderosos terratenientes, y por otra, con la corrupción e inseguridad jurídica vinculado con la condición de tierras baldías en este territorio. El Porvenir está ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, a unos pocos metros del río Meta, colinda al oriente con Vichada, al norte con La Cristalina y Puente Arimena, al sur con el río Planas y al occidente con La Cristalina (Alcaldía de Puerto Gaitán, 2017), y conforma la región de la Altillanura, con otros municipios del Meta y Vichada.

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) (2018), la adquisición de la tierra en la Altillanura produjo una serie de conflictos que se caracterizaron por el uso de la violencia, debido a la convergencia de intereses y actores que surgieron de los procesos particulares de colonización en la región. Por ejemplo, en la década del cincuenta del siglo XX, los campesinos que huían de la violencia bipartidista en otras zonas del país, atraídos por las bonanzas económicas, se movilizaron hacia esta región. También, la implementación de nueva tecnología agroindustrial en el país generó cambios en las formas de producción en la economía rural, y ocasionó movilizaciones de campesinos a esta zona. El hacendado también fue “un nuevo actor social en la región (...)” en estos procesos de poblamiento, aunque años más tarde estaría relacionado con la violencia paramilitar (p.50). Este punto será desarrollado más adelante.

La presencia de estos actores en la región intensificó los conflictos interétnicos, ya que las nuevas dinámicas de tenencia de la tierra, por un lado, perjudicaron las formas de vida tradicionales de las comunidades indígenas que vivían en la Altillanura, y por el otro, obligaron el desplazamiento de sus territorios ancestrales a otras zonas del país. Estas comunidades sufrieron a causa de la producción de diferentes hechos violentos en su contra porque fueron vistos como rivales dentro de las nuevas dinámicas de tenencia de la tierra, y también por la obtención de recursos. Una de estas formas de violencia fue conocida como Guahibiadas o Cuibiadas, las cuales consistían en unas prácticas violentas ejercidas en contra de las comunidades indígenas presentes en la Altillanura, y eran ejercidas por parte de los hacendados, colonos y representantes de la región. Estas prácticas buscaban perseguir y “cazar” a personas de estas comunidades  (CNMH, 2018).

Ahora bien, Víctor Carranza^[2] es conocido como uno de los líderes más importantes en el proceso de conformación y fortalecimiento de las autodefensas en los Llanos Orientales y en Puerto Boyacá (Ronderos, 2015)^[3], además de acaparar un gran número de hectáreas de predios baldíos en Colombia (CNMH, 2018). Carranza hizo presencia en El Porvenir desde la década del ochenta después de comprar las mejoras hechas sobre 27.000 hectáreas de tierras baldías^[4] a la viuda de Víctor Machado (Hurtado, 2018). Tras la llegada de Carranza, el accionar violento de diversos grupos de seguridad privada relacionados directamente con los hacendados —grupos que se conformarían más adelante como paramilitares— produjo terror entre los habitantes, debido a la violación sistemática de los Derechos Humanos en la vereda.[5]

Estos grupos de seguridad privada se convirtieron en “Los  Carranceros”, que tiempo después efectuarían una alianza con los grupos de autodefensas que habían sido creados en el norte de los Llanos por Héctor Buitrago y sus hijos Héctor Germán alias “Martín Llanos”, y Nelson Orlando alias “Caballo” (Ronderos, 2015). Esta alianza creó las autodefensas de Meta y Vichada (AMV) el 18 de noviembre de 1994 en la vereda El Porvenir, y fue dirigido por José Baldomero Linares. En esta vereda, las AMV ubicaron un centro de operaciones y entrenamiento (Corte Suprema de Justicia, 2015), y en este lugar perpetraron acciones violentas en contra de cualquier persona o grupo que consideraban como una amenaza y/o riesgo para la propiedad privada y para la acumulación de tierras y capital (CNMH, 2018). La conformación de este grupo paramilitar también estuvo acompañada por experiencias previas de la casa Castaño y de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) (Ronderos, 2015). Es importante resaltar que se gestaron alianzas entre las ACCU, terratenientes, y funcionarios públicos para iniciar procesos de adjudicación ilegal de diversos predios que conformaban la vereda de El Porvenir (CNMH, 2018).

Las AMV buscaron extenderse a zonas de dominación de la guerrilla, principalmente, al sur de Puerto Gaitán y parte del departamento de Vichada (CNMH, 2018), y pasaron de ejecutar acciones de sicariato , tal como lo desarrollaron grupos como los Masetos y los Carranceros, a conformar una organización más estructurada y con jerarquías determinadas. En 2005 algunos miembros se acogieron al programa de Desarme, Desmovilización y Reinserción (DDR) durante el gobierno de Alvaro Uribe Vélez (2002-2006), no obstante este periodo de desmovilización para el caso de los Llanos Orientales fue complejo ya que muchos miembros abandonaron el proceso^[6]. Esto propició que organizaciones disidentes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) continuaran delinquiendo en la zona para fortalecer su control territorial, y con esto, buscar el manejo de la economía del narcotráfico y de otras economías ilícitas (CNRR, 2007). Por lo tanto, en la región siguieron actuando ex paramilitares del Bloque Centauros liderados por Pedro Oliveiro Guerrero, alias “Cuchillo”, que más adelante conformarían El Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (ERPAC). En 2006 el ERPAC, junto a Los Rastrojos, Los Urabeños, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y Los Paisas se convirtieron en las bandas criminales más fuertes del país con alcance nacional (CNMH, 2016). Tras la muerte de Cuchillo en 2010, José López Montero alias “Caracho” tomó el liderazgo del ERPAC, sin embargo este grupo fue perseguido por las Fuerzas Armadas hasta su desmovilización en el año 2011^[7]. Para 2012 ex miembros de esta estructura volvieron a conformar una banda criminal llamada Los Cuchillos (Verdad Abierta, 22 de diciembre de 2011).

El Porvenir: una de las concentraciones de tierra más grandes Colombia

Entre los años 1992 y 1996 el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) adjudicó tierras de El Porvenir a 27 personas y tituló aproximadamente 25.000 hectáreas del predio conocido como Hato Cabiona. Sin embargo, los 27 beneficiarios nunca habían ocupado esas tierras (Rodríguez, 2014), por lo que estas adjudicaciones se realizaron de forma irregular, y quién en realidad era reconocido en la vereda como el dueño del predio fue Víctor Carranza. Así, los adjudicatarios —entre los que se encontraban escoltas, socios y el contador de Carranza— actuaron como testaferros para fragmentar estratégicamente el predio y mantener en apariencia legal el poderío territorial de Carranza (Verdad Abierta, 14 de mayo de 2013).

Posteriormente, en 2007 fueron englobados los 27 terrenos en cinco grandes haciendas^[8] a nombre del mismo número de propietarios, pero su dominio real estuvo en cabeza de la empresa familiar “Ganadería La Cristalina”, que estaba a nombre de la viuda de Carranza, su hijo y la familia Beetar^[9]. Se hizo el englobe con los protocolos notariales y la inscripción en el registro, al parecer sin ánimo de aparentar validez legal alguna, pues la extensión de los predios superaban la Unidad Agrícola Familiar (UAF) establecida en el municipio^[10] (Corte Constitucional, 2016).

Luego de esto iniciaron los problemas entre los propietarios y los ocupantes históricos, hasta el punto que en 2011, estos últimos denunciaron que les habían quitado el ganado y que los propietarios estaban amenazándolos constantemente para que abandonaran las tierras (El Espectador, 10 de noviembre de 2016). La acumulación de baldíos en El Porvenir llamó la atención de distintos sectores dando como resultado la presentación de denuncias tanto por parte de organizaciones como por entidades públicas. Durante una plenaria del Senado de la República en 2012, el representante a la Cámara Iván Cepeda Castro y el senador Jorge Enrique Robledo presentaron el informe Las tierras del Patrón, basado en el libro de Cepeda Víctor Carranza, Alias El Patrón (2012), en el que dieron a conocer las irregularidades alrededor de los predios que controlaba el esmeraldero Víctor Carranza, esta información presentada por Cepeda es retomada en la sentencia de la Corte Constitucional sobre el caso de El Porvenir (Corte Constitucional, 2016), también la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario advirtió de este caso (Verdad Abierta, 14 de septiembre de 2016).

El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) inició un proceso para esclarecer si las tierras debían volver al dominio del Estado. Como resultado, en 2013 cuatro de los cinco propietarios de los predios reconocieron la acumulación irregular y a través de la Resolución No. 6423 del 30 de julio de 2014, el Incoder revocó directamente las 27 adjudicaciones sobre los predios englobados (Incoder, 2014). Después de haber revocado los títulos, Hollman Carranza —hijo del esmeraldero Víctor Carranza— entregó voluntariamente las tierras de Hato Cabiona en un evento público con el entonces presidente Juan Manuel Santos. Sin embargo, de la entrega solo quedó un acta, y el Estado con una actitud omisiva no tomó posesión material de estas tierras, esta ausencia produjo la llegada de nuevos ocupantes y de otros actores que aumentaron el conflicto por la tierra en El Porvenir.

Esta situación ha causado una presión para que la ANT proceda a adjudicar las tierras en la vereda y entregar los títulos. Dicho fenómeno se ha visto en otros municipios de la Altillanura en los que se ha presentado una titulación acelerada y creciente de baldíos como resultado de la fuerte incidencia que están ejerciendo los diferentes actores sobre la legalización de la propiedad, esto por supuesto, exige mayor respuesta por parte del Incoder y la ANT (Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, 2015). La Corte Constitucional reconoció la situación a través de la sentencia SU426 de 2016 y le dio a la ANT un año para tomar medidas y proteger los derechos de los ocupantes históricos de la vereda. Desafortunadamente, en la actualidad no se ha resuelto la situación legal de las tierras y las hostilidades aún continúan.

Quienes hacen parte de la disputa por las tierras de Hato Cabiona se han señalado unos a otros en las entrevistas realizadas. Por un lado, se encuentran los trabajadores de la empresa La Cristalina:

(-): Es que aquí dentro hay personas que están invadiendo las tierras de Matarratón de los indígenas y de los de aquí, de El Porvenir. También hay unos que están posesionando que son gente pudiente, gente de poder, esos con Víctor Carranza.

(-): ¿Esos son los antiguos empleados?

(-): ¡Sí señor! Dicen que se están cobrando lo que Carranza no les pagó. Dicen que lo están cobrando en tierras. Pero no: allá hay intereses para proyectos industriales para que multimillonarios vengan a asentarse y a hacer cultivos, porque como acá debido al movimiento y lo que nosotros hicimos, no se aprobó la ley de Zidres para este terreno. Entonces tomaron otra forma. Lo están volteando para que ellos puedan quedarse con sus cultivos y su agroindustria, que es lo que ellos quieren (…) (Entrevista grupal, comunicación personal, 17 de febrero de 2019).[11]

La Defensoría del Pueblo ha confirmado la presencia de los ex empleados de La Cristalina, también se han presentado denuncias en su contra por invadir las tierras de Hato Cabiona (El Tiempo, 13 de agosto de 2016). Estos trabajadores vinculados con Víctor Carranza han sido reconocidos por algunos entrevistados como miembros de un solo bando, en el que se mezcla la identidad de los empleados de La Cristalina con la de los antiguos Carranceros:

(-): Por ejemplo Cabiones. Recién quedó baldía, ¿quiénes llegaron primero? Los ex empleados de Víctor Carranza, los que habían sido comandantes. Un grupo de 50 hombres: que no, que como se murió el patrón, y esto era del patrón, yo voy a tirar una cerca y cojo 2.000 hectáreas y de una vez entierran árboles y se adueñaron de eso. Y el que llegue a pelear, de una vez lo sacan a punto de pistola y lo matan. (Entrevista a participante del estudio, comunicación personal, 14 de febrero de 2019).

Otros actores identificados son los ocupantes históricos que llegaron en los años sesenta, además de invasores que empezaron a llegar desde 2014, entre ellos hay víctimas del conflicto armado, quienes fueron traídos desde distintas partes del país por los tierreros y se asentaron en la vereda tras la revocación de las adjudicaciones hechas por el Incora^[12]. También están los indígenas del asentamiento Kubeo-Sikuani, llamado Aseinpome, quienes fueron desplazados por la guerrilla y los paramilitares, pero que retornaron a Puerto Gaitán para exigir su derecho ancestral sobre las tierras donde viven en comunidad, y en las que han iniciado el proceso para ser reconocidos como resguardo (El Espectador, 17 de octubre de 2018).

Por tratarse de baldíos, la propiedad de los predios de Hato Cabiona solo puede adquirirse mediante adjudicación realizada por la ANT y  esta se puede solicitar directamente a este organismo. Si se trata de víctimas que hayan sido desplazadas forzosamente o hayan tenido que abandonar sus tierras en Hato Cabiona debido a la violencia, se hace una solicitud de restitución de tierras a la Unidad de Restitución de Tierras para que un juez especializado en restitución le ordene a la ANT que adjudique la tierra. En el Porvenir se han adelantado procesos de adjudicación y de restitución, sin embargo, los entrevistados manifestaron no haber obtenido una resolución de la ANT en el que les otorga un título, incluso cuando hay decisiones judiciales que lo ordenan.

En este sentido, el escenario de incertidumbre sobre la situación jurídica de estas tierras ha incrementado los conflictos sociales en la vereda. En una de las entrevista realizadas, una lideresa y un líder de tierras relataron la situación de peligro en la que se encontraban, pues habían sido amenazados en reiteradas ocasiones por un sujeto que se identificó como comandante de la banda criminal Los Rastrojos^[13] (Entrevista con L. M. y O. E., comunicación personal, 29 de abril de 2019).

El tierrero: actor del oportunismo y el despojo

La figura del tierrero en Colombia ha sido un fenómeno estudiado principalmente en las ciudades capitales. Su forma de proceder cuenta con unas peculiaridades que lo caracterizan como un actor que usa el engaño dentro de los marcos de la ilegalidad para acceder al mercado inmobiliario, o a cualquier predio y/o zona baldía con la cual se pueda garantizar un beneficio personal o colectivo.

Según la investigación Proliferación de asentamientos ilegales en Bogotá D.C., los tierreros son comprendidos como bandas conformadas por individuos que “se dedican principalmente a estafar a las familias más necesitadas con falsas promesas de vivienda, al saqueo y robo de tierras, cambio de linderos, invasión de terrenos públicos o privados”. En el caso de Bogotá este actor busca apropiarse ilegalmente de lotes o predios “sin vigilancia permanente” para engañar a las familias, principalmente víctimas de desplazamiento forzado, con la promesa de la entrega de casas o predios a precios bajos (Cuellar, 2018, p.30), y con la facultad para gestionar los trámites legales que requiere adquirir este bien.

Los tierreros han adquirido relevancia debido al aumento de familias que buscan un predio o una casa en donde habitar en la ciudad, y “ante las dificultades para obtener una casa propia, entre ellas los altos costos y la complejidad para adquirir subsidios y créditos, encuentran una posibilidad en los negocios planteados por esta banda delincuencial” (Casas, 2016, p.48). Además, estos actores cuentan con la complicidad de registradores y notarios para sus actuaciones ilegales^[14].

Es importante resaltar que los tierreros pueden tener una relación importante con el accionar de grupos paramilitares en Bogotá, como por ejemplo en la localidad de Rafael Uribe Uribe (Casas, 2016). También, en barrios tales como Altos de Cazucá y Altos de la Florida en Soacha, la actuación de los tierreros estuvo controlada por grupos armados al margen de la ley para la creación de urbanizaciones informales, o la venta ilegal de predios. Además, estos grupos paramilitares buscan atemorizar a la población para “el control de las fuentes de ingreso ilegales, tales como las extorsiones, expendio de drogas y vacunas” (Rodríguez, 2016, p.43).

Este tipo de grupos delincuenciales también delinquen en Villavicencio. En esta ciudad dos grupos nombrados “Los Tierreros” y el “Bloque Meta” desarrollan acciones similares a las mencionadas con anterioridad. Además de la extinción de dominio realizada en 2019 por la Fiscalía y tropas del Ejército Nacional en contra de estos dos grupos, la nota periodística “Extinción de dominio a predios de Los Tierreros y el bloque Meta”, indica que se trataba de “invasores de terrenos” que delimitaban y vendían “a personas humildes con documentos falsos” (El Tiempo, 20 de mayo 2019). Este escenario también fue denunciado por la Fiscalía en 2018 durante la captura de un grupo llamado “Los Tierreros del Llano”. Este grupo delincuencial se apropiaba de terrenos abandonados en Villavicencio por medio de la creación de escrituras, y de la oferta de “proyectos de interés social y créditos a familias que entregaban sus ahorros, entre tres y nueve millones de pesos, luego desaparecían” (Caracol Radio, 13 de junio de 2018), según un documento de la Fiscalía General de la Nación (2015) esto también ha ocurrido en Córdoba.

¿Tierreros en Puerto Gaitán? Nuevas dinámicas del despojo

El actuar de los tierreros en zonas rurales como El Porvenir, se articula con diversas estrategias y mecanismos de despojo practicados sobre predios rurales. Estos mecanismos coinciden con aquellos que fueron utilizados por estructuras paramilitares para apoderarse de tierras, con la diferencia que el tierrero, aunque está organizado y tiene redes criminales, no representa o hace parte de un grupo específico y sus intereses se orientan hacia lo individual, bajo una motivación principalmente económica.

Con el fin de comprender las formas de actuación de los tierreros, se trabaja el concepto de despojo a partir del concepto de despojo activo que presenta Francisco Gutiérrez (2014) en su artículo “Propiedad, seguridad y despojo: el caso paramilitar”. Para este autor el despojo activo es una de las causas del desplazamiento forzado^[15] y se define como,

[E]l acto planeado y consciente de quitar la tierra a alguien, con el fin de redistribuir los derechos de propiedad entre otros agentes. En este tipo de desplazamiento el agente despojador, o alguno de sus representantes, intenta explícitamente apropiarse del predio y la víctima lo abandona porque alguien le exige entregarlo, y/o los papeles que le daban derechos como posesión, usufructo y transferencia. (p.45)

Partiendo de este concepto Gutiérrez crea una tipología del despojo dentro de la cual identifica el despojo estratégico que se produjo para promover los intereses de los grupos paramilitares, el cual se orientaba a vaciar el territorio y obtener, de esta manera, su control; el despojo clientelista que promovía los intereses de redes políticas y de amigos de los comandos mediante la transferencia de propiedades a estos grupos de apoyo social de los paramilitares; y el despojo oportunista que se realizó para promover los intereses individuales de miembros de la estructura paramilitar, o de personas asociadas a este, lo que permitió acumular tierras a favor de paramilitares (Gutiérrez, 2014).

A pesar de las desmovilizaciones del proceso de Justicia y Paz, el despojo continuó bajo nuevas lógicas asociadas con la concentración y el acaparamiento de tierras. Sonia Uribe (2014) expone que el despojo-acumulación de tierras se ha producido en el marco de problemas viejos, no resueltos y nuevos como es “la inserción desregulada del modelo económico en zonas alteradas por las vías de coerción y las formas como el Estado ha concesionado funciones básicas -como la seguridad- en el territorio” (p.266). Uribe contempla los procesos de despojo dentro del concepto de acumulación por desposesión de David Harvey, dando cuenta de que bajo el modelo económico capitalista ha cambiado la tenencia de la tierra favoreciendo la concentración y el acaparamiento. La aplicación de un modelo agroindustrial y extractivista en regiones que han sido azotadas por la violencia ha aumentado los incentivos económicos para despojar, pues la tierra como recurso, factor de producción y activo, implica un beneficio patrimonial que han perseguido los distintos actores dentro de los conflictos por la tierra, como lo ha reconocido Ivonne Rodríguez (2014) en su estudio sobre Puerto Gaitán. De esta manera, uno de los motivos del despojo en la Altillanura ha sido el impulso de proyectos productivos a gran escala para aumentar la riqueza.

Además, la inseguridad jurídica sobre la propiedad rural y las falencias institucionales han permitido que el despojo se efectúe tanto en términos materiales como jurídicos, ya que el desplazamiento forzado y el abandono de la tierra no son suficientes para los despojadores, pues quieren obtener, efectivamente, los derechos sobre la tierra. Para esto acuden a maniobras fraudulentas, dentro de lo que el Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria - ORRDPA (s.f.) ha reconocido como tipologías del despojo jurídico, que incluyen la falsificación de documentos, ventas forzadas, ventas por un precio menor, titulación indebida de predios, concentración de la propiedad con predios provenientes de los baldíos, entre otras.

Tierreros en El Porvenir

Con base en lo anterior, se entiende que los tierreros son principalmente intermediarios o tramitadores, en El Porvenir los tierreros han facilitado que otras personas reclamen y obtengan derechos sobre tierras, y una vez las personas consiguen los títulos legales de un predio, las despojan mediante coacción o engaño. El tierrero se queda con la tierra para tenerla como un bien propio, para desarrollar planes criminales, o para entregarla a un tercero que pueda estar interesado, en cualquier caso, lo que busca es un beneficio económico para sí mismo.

De acuerdo con los relatos de habitantes y líderes/as de El Porvenir, los tierreros han recurrido a mecanismos de presión, intimidación, engaño y a estratagemas jurídicas para obtener el control sobre la tierra. Estos mecanismos responden a patrones identificados tanto en las diversas fuentes que han investigado las formas de actuación del tierrero en otras zonas del país, como en las entrevistas obtenidas. Las estrategias usadas por los tierreros en El Porvenir están relacionadas con la creación de dos asociaciones fachada: Asoyopo, y la Asociación de Desplazados y Campesinos Productores Agropecuarios de la Altillanura (Asdepagral).

Según los testimonios, Asoyopo fue creada por uno de los tierreros que hace presencia en la zona: “(...) traen gente a engañarla, y sacarla. (...) Él llegó a la vereda diciendo que era abogado, que traía esto, y lo otro, para la creación de Asoyopo, para afiliarnos a Asoyopo” (Entrevista grupal, comunicación personal, 17 de febrero de 2019). No obstante, según los habitantes, la creación de esta asociación fue un mecanismo para engañar a víctimas del conflicto armado sujetos de reparación y restitución de tierras, con la promesa de la entrega de un predio en El Porvenir: “trajeron carros y buses con muchas personas, algunas sin tierras y los ilusionaron (…) entonces después les cobraron, los sacaron, los coaccionaron, y hubo muertos inclusive” (Entrevista grupal, comunicación personal, 17 de febrero de 2019).

Además de tierreros, en esta asociación han participado las personas que trabajaron con la familia Carranza en la empresa “Ganadería La Cristalina”, y con el esmeraldero Juan Beetar Dow (Escobar, 7 de abril 2019), quienes explotaban las tierras de Hato Cabiona y debían entregarlas al Estado tras emitirse la resolución 6423 de 2014 del INCODER (Corporación Yira Castro, s.f.). Sin embargo, las tierras no fueron devueltas, a pesar de la suscripción de un acta de entrega voluntaria de los predios por parte Holman Carranza en 2014. La Corporación Yira Castro denunció que los encargados de La Cristalina desconocieron la resolución y que esos predios continuaban bajo el control de la empresa (Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, 21 de abril de 2015).

Tras la “devolución” de las tierras, trabajadores de La Cristalina empezaron a cercar los predios y a reclamarlos a la fuerza. Estos son algunos de los hechos de violencia que se presentaron: en 2015 hubo una masacre en la que fueron asesinadas tres personas por ajustes de cuentas por tierras, entre ellas, el administrador de la finca Cabiona (RCN Radio, 09 de junio de 2015). Ese año, también se presentó una confrontación física y verbal entre los indígenas Kubeo-Sikuani y un trabajador de La Cristalina quien llegó al asentamiento de la comunidad —que se encuentra en las tierras de Hato Cabiona y que está custodiado por la Policía—, y disparó contra los indígenas, el señor quien dijo ser abogado, mostró un documento de amparo de posesión de estos predios e incitó a pelear a los indígenas, hasta que uno le respondió y el señor corrió a una moto que dejó cerca y sacó un arma de fuego, luego le disparó a los indígenas muy cerca, sin lograr impactarlos, los indígenas alistaron sus arcos y flechas para responderle pero no ocurrió nada y el señor se fue (ONIC, 31 de diciembre de 2015).

Distintas fuentes han evidenciado la relación entre los tierreros y La Cristalina, la Policía de San Pedro de Arimena, una inspección cercana a El Porvenir, confirmó la existencia de nexos entre unas “personas contratadas” y la “Empresa La Cristalina” para la división irregular de predios, y al parecer, para atentar contra la comunidad, en especial, a los ocupantes históricos y a la comunidad indígena kubeo-sikuani por medio de “permanentes amenazas y hostigamientos (...) incentivando el miedo y la confusión” (Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, 21 de abril de 2015).

En una denuncia formal realizada por la comunidad a través de la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello y la Corporación Yira Castro, se señala que los invasores fueron trasladados al Porvenir en el año 2015 por los tierreros presentes en la zona y ex trabajadores de Carranza. En la misma denuncia se manifiesta que hubo una actuación ilegal de la Oficina Asesora de Planeación de Puerto Gaitán, ya que esta entidad expidió un certificado en el que autorizó la división de predios en El Porvenir a una nueva Junta de Acción Comunal (JAC) “El Porvenir 2”. Esta autorización ordenaba que las personas pertenecientes a esta JAC fueran incluidas “como campesinos que están en la sentencia SU 426 de 2016”, aunque “este lugar, actualmente es habitado por el grupo de personas que de manera ilegal invaden las tierras de Porvenir” (Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, 22 marzo de 2019).

El caso de Asdepagral es similar, esta asociación fue creada por uno de los tierreros involucrados en los conflictos por la tierra en la vereda, quién fue “señalado públicamente por el senador Iván Cepeda Castro de ofrecer tierras de El Porvenir sin tener derecho a ello”. Además Cepeda denunció en 2015, que un candidato a la alcaldía de Puerto Gaitán contaba con la ayuda de este tierrero para el ofrecimiento ilegal de predios de El Porvenir a cambio de apoyo electoral durante la campaña, “también mencionó que el exadministrador de La Cristalina, hacía parte de este entramado” (Escobar, 7 de abril 2019).

Ahora bien, algunas fuentes judiciales tales como la notificación por aviso de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (URT) emitida el 09 de noviembre de 2017 y una respuesta radicada por la ANT, también han constatado la presencia de los tierreros en la vereda tras presentarse una denuncia por parte de un miembro de Asdepagral en julio de 2019. La primera referencia contiene un conjunto de testimonios que aseguran la presencia y accionar ilegal de uno de los tierreros identificados en la salida de campo, y de invasores. Según los relatos, estas personas en el año 2015 comenzaron a invadir diversos predios de El Porvenir para dividir y cercar ciertas zonas de forma irregular, a tal punto que desplazaron a los habitantes de la vereda (Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas,  9 de noviembre de 2017). Además, esta fuente consigna una de las denuncias expuestas con anterioridad, que afirma que tanto los tierreros como los invasores fueron llevados por la empresa La Cristalina a pesar del acta de entrega voluntaria del predio. Así pues, el documento indica que se debían tomar medidas por parte de la Fuerza Pública y entes de control frente a la presencia de invasores en la zona, lo que implicaba la importancia de un trabajo de articulación interinstitucional para la protección de los predios.

El documento de la Agencia Nacional de Tierras (2019) revela que, según las denuncias realizadas, los tierreros reclaman una remuneración económica a los miembros de estas asociaciones fachada para gestionar los procesos exigidos por esta entidad en relación con el acceso a tierras. Este documento indica que no hay suficientes pruebas ni evidencias para soportar estas denuncias y, de hecho, las entrevistas hechas también apuntan hacia esta situación.  

Ahora bien, los tierreros están utilizando estas asociaciones como fachada para despojar y concentrar tierras en la vereda. Tal como fue expuesto, la gran mayoría de las personas que hacen o hicieron parte de estos grupos son víctimas de desplazamiento forzado, o son campesinos/nas sin tierra. Uno de los testimonios indica que los tierreros se están aprovechando de esta situación:

 (-): Porque para que les entreguen la tierra, primero la Agencia hace un estudio de si son víctimas del conflicto armado para saber si necesitan la tierra, ¿si me entiende? Entonces pues que hace [indica el nombre del tierrero], por ejemplo, yo soy víctima, me lo entregan a mí, listo aquí está su plata por cumplir esto y pa’ afuera y [indica el nombre del tierrero] pues se queda y amplía todo eso. (Entrevista grupal, comunicación personal, 17 de febrero de 2019)

Las comunidades indígenas también han sido instrumentalizadas por los tierreros desde 2015 cuando retornaron a Puerto Gaitán para reclamar las tierras de las que habían sido desplazadas por la guerrilla y los paramilitares. Los tierreros han aprovechado esta situación para intermediar en el trámite que se debe realizar ante la Dirección de Asuntos Étnicos de la ANT. Un ejemplo es el de una persona entrevistada perteneciente a la comunidad Sikuani quien se identificó como representante de territorio ancestral o “Barrulia”, quien nos narró que en 2016 con ayuda de un identificado tierrero, hizo la solicitud de reconocimiento de los predios de la “Barrulia”, los cuales tenían “tres rincones”[16] y son reclamados por 27 familias compuestas por 112 personas. El entrevistado viajó hasta Bogotá para hacer la solicitud a la ANT, ya que este tipo de solicitudes se realizan únicamente a través del representante del territorio ancestral, otro intermediario lo acompañó a la capital cuando hizo la solicitud; ambos lo han “guiado” en la reclamación de las tierras (Entrevista a participante del estudio, comunicación personal, 06 de febrero de 2019).

Cuando se comentó del caso previamente expuesto a los miembros del Asentamiento Indígena de El Porvenir (Aseinpome), ellos nos contaron sobre su experiencia propia y como han sido una comunidad protectora de sus tierras, pues se han negado a los ofrecimientos de los tierreros, quienes han intentado sacarlos a la fuerza e incluso les han ofrecido pagarles quinientos millones por sus tierras, pero los indígenas del asentamiento se han negado resistiendo sus intimidaciones y amenazas:

 (-): …hay muchas vainas que, como dijo usted claritamente, no venga y lo compramos con esta panela entonces ellos pensaran que somos inocentes de consciencia, y hoy en día el indígena no es así, se ha destapado para que todo el mundo lo sepa, nosotros no nos dejamos engañar defendemos nuestro derecho ancestral. (Entrevista grupal, comunicación personal, 17 de febrero de 2019)  

Si bien el accionar de los tierreros en Puerto Gaitán no responde a una estructura paramilitar organizada como las AMV, es importante resaltar que sus prácticas están relacionadas con el fenómeno del despojo activo. Este caso refleja algunas características de dos tipos de despojo: por un lado, el despojo estratégico, y por el otro, el despojo oportunista. En el primer caso, los grupos paramilitares además de buscar “vaciar” los territorios, también intentaron repoblarlo con personas externas, en algunos casos, por medio de la creación de asociaciones y colectivos de tierras: “La secuencia fue: expulsión estratégica, primero, después repoblamiento y, finalmente, expulsión de los nuevos habitantes por motivos clientelistas y oportunistas” (Gutiérrez, 2014, p.62). Así pues, los paramilitares buscaron desplazar personas o comunidades nombradas “incorados”, es decir, personas que por su condición tenían derecho a recibir tierras debido al proceso de reforma agraria. El caso de los tierreros en Puerto Gaitán se evidencia que por medio de Asoyopo y Asdepagral, estos grupos buscaron asentar habitantes nuevos^[17] en la vereda para obtener beneficios económicos a través de la tierra. Además, actualmente las y los líderes que están encabezando el proceso de adjudicación en favor de los habitantes históricos y las comunidades indígenas, están siendo amenazados y hostigados por estos agentes cuya finalidad es desplazarlos de la vereda, y así adueñarse de las tierras. En el segundo caso, todas las personas que pertenecían a grupos paramilitares podían acumular tierras, independientemente de su posición. En este sentido los beneficios no surgían a favor de la estructura ilegal como tal, sino como vía para “favorecer a los líderes paramilitares como individuos” (Gutiérrez, 2014, p.64). Según Gutiérrez, este tipo de despojo produjo todo tipo de conflictos personales entre miembros de los grupos paramilitares y las comunidades.

El uso de vías jurídicas e institucionales ha sido una de las características del despojo realizado por los tierreros, quienes fungen como tramitadores y conocen el funcionamiento de las instituciones y los procesos para obtener los títulos de las tierras que planean despojar, “han llegado con engaños jurídicos por gente que se ha profesionalizado en defraudar al Estado colombiano usurpándole la tierra que le pertenece a la Nación”, aseguró el ex director de la ANT, Miguel Samper Strauss frente al caso de El Porvenir. (El Tiempo, 13 de agosto de 2016). Ante esta afirmación, también debe tenerse en cuenta que no es solo la nación la que ha resultado perjudicada por estas actuaciones, también los grupos poblacionales que ya sea por su condición de víctima o de trabajador agrario son sujetos a quienes se les puede adjudicar baldíos.

Finalmente, resultaría importante poder profundizar sobre esta problemática para analizar la relación entre los tierreros y la agroindustria, pues en la región de la Altillanura la producción agropecuaria se ha convertido en un importante incentivo económico para la acumulación de tierras (OXFAM, 2013). Los entrevistados revelaron que los monocultivos han sido usados por los invasores llevados a El Porvenir para realizar actos de posesión: “Ellos saben que el gobierno no va a tumbar la palma, el teca, entonces todos los invasores siembran eso (...) Entonces, ¿cuál es la salida de todos los invasores, y tierreros? Esa. Sembrar palma, caucho, teca…” (Entrevista grupal, comunicación personal, 17 de febrero de 2019). Además, el agronegocio ha sido impulsado en otras zonas del país por parte de distintos actores armados y despojadores de tierra. Por ejemplo, un estudio realizado por García Reyes (2014) sobre el negocio de palma de aceite en el Chocó, explica el desarrollo de actividades económicas asociadas al cultivo de palma basadas en modelos productivos y asociativos bajo lineamientos de los hermanos Castaño como un modelo de negocio paramilitar.

Reflexiones

A partir de lo que se ha planteado en este artículo, resulta importante hacer unas reflexiones respecto al caso de El Porvenir las cuales pueden servir para profundizar sobre ciertos aspectos acerca de la disputa por la tierra que se ha presentado en esta vereda. Para empezar, es un tema primordial la incertidumbre frente a la situación jurídica de los predios disputados, pues se han constituido una diversidad de procesos sobre estas tierras, incluyendo adjudicaciones, restituciones y el reconocimiento de un resguardo indígena.

A pesar de que la Corte Constitucional ya ha reconocido la problemática en la sentencia SU 426 de 2016 y ha ordenado la creación de una mesa interinstitucional para solucionarla, al día de hoy no se ha logrado adelantar todas las acciones jurídicas, administrativas y técnicas tendientes a definir las adjudicaciones a los ocupantes históricos del predio, ni se ha logrado resolver las solicitudes hechas a la Unidad de Restitución de Tierras, lo cual ha sido aprovechado por los tierreros, quienes encontraron en las omisiones y fallas institucionales un escenario de actuación. Dentro de este tema, también es importante reconocer los derechos de las víctimas quienes fueron instrumentalizadas por los tierreros, así como de las lideresas y los líderes del grupo de ocupantes históricos y de las comunidades indígenas objeto de intimidaciones y amenazas, que continúan hasta el día de hoy e incrementan un escenario de incertidumbre en el territorio.

Otro tema fundamental, es el vínculo entre el accionar de los tierreros y el paramilitarismo, pues los primeros han retomado estrategias y mecanismos que usaron los segundos para apropiarse de las tierras. Además, como se mostró en el artículo hubo una continuidad y una correlación entre los grupos de seguridad privada que se crearon inicialmente, luego los grupos de autodefensas y los grupos de disidencias, lo que lleva a contemplar a los tierreros como posibles rezagos de actores armados ilegales que tuvieron presencia en la zona. Adicionalmente, dinámicas del conflicto armado, como la de organizar predios de tal forma que se conviertan en centro de operaciones y entrenamiento de grupos armados, como El Porvenir, ocasionaron una alteración del contexto local y un impacto sobre los derechos de propiedad, esto teniendo en cuenta la marca que dejó Víctor Carranza en el predio de Hato Cabiona.

Por último, en futuras investigaciones sería importante considerar el impacto del modelo agroindustrial en la Altillanura en el marco de los actuales conflictos por la tierra, especialmente en El Porvenir. El impulso de este tipo de actividad económica en un territorio con disputas activas, y con presencia de una gran diversidad de actores e intereses, puede producir una intensificación de los mecanismos de despojo y de violencia, sobre todo si se tiene en cuenta la persistencia de dinámicas asociadas al conflicto armado en la región.

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