Cancelling the people: Richard Nixon’s war on drugs as a security device

Andrés Felipe Acuña Castro** / Juan Diego Pérez Núñez***

Resumen:

A finales de la década de los 60´s y durante los años 70´s del siglo XX, la Guerra contra las Drogas se constituyó como un paradigma de gobierno en los Estados Unidos. Haciendo uso de métodos legales, políticos y coercitivos, el gobierno de Richard Nixon intentó imponer la “ley y el orden” en el país norteamericano. Este articulo busca hacer un análisis crítico este paradigma de gobierno a la luz del concepto de dispositivo planteado por el filósofo francés Michel Foucault y desarrollado también por Giorgio Agamben. Como se demostrará a partir de estos conceptos, la Guerra contra las Drogas puede ser entendida como un dispositivo de seguridad que le permitió al gobierno Nixon solventar la crisis de gobernabilidad generada por el surgimiento de un movimiento social de integración racial, esto mediante la criminalización del consumo de sustancias ilícitas, la estigmatización de las comunidades étnicas relacionadas a este y la posterior división de los sectores opositores.

Palabras clave: Michel Foucault, Giorgio Agamben, dispositivo, pueblo, población, guerra contra las drogas.

Abstract:

By the end of the 1960's and during the 70's, the War on Drugs became a paradigm of government in the United States. Using legal, political, and coercive methods, Richard Nixon´s government attempted to impose "law and order" in the States. This article seeks critically analyze this paradigm of government, in light of the concepts of dispositif and governmentality proposed by the French philosopher Michel Foucault and also discussed by Giorgio Agamben. As the article shows, the War on Drugs can be understood as a security device that allowed the Nixon administration to solve the governance crisis generated by the rise of a social movement demanding racial integration. By criminalizing the use of certain controlled substances and stigmatizing ethnic communities associated with them, the US government succeeded in dividing the pressure and opposition groups that threatened the stability of the Nixon administration.

Keywords: Michel Foucault, Giorgio Agamben, dispositive, people, population, War on Drugs.

El conflicto racial ha sido un elemento central en la historia de los Estados Unidos desde los orígenes de este país. A partir del fin de la esclavitud, la lucha de las comunidades afroamericanas para obtener derechos políticos, sociales y económicos ha sido una constante. Sin embargo, el movimiento afroamericano en Estados Unidos ha sufrido una profunda represión por parte de los diversos gobiernos que ha tenido el país. La intención de este texto es demostrar que la guerra contra las drogas proclamada por Richard Nixon tuvo la pretensión de evitar la conformación de un movimiento de base social amplia, en el que se articularan las demandas de las clases trabajadoras blancas con el cada vez más fuerte movimiento de los derechos civiles de los afroamericanos. Un análisis desde una perspectiva crítica y filosófico-política a través de pensadores como Michel Foucault y Giorgio Agamben permite llegar a esta clase de planteamientos, en contraposición a ciertas miradas más hegemónicas, que parten del marco de análisis del liberalismo político[1].

Para cumplir con el objetivo planteado, se iniciará el texto con un marco teórico que recoge los conceptos teórico-políticos de los autores que serán centrales en esta reflexión. Posteriormente, se hará un recorrido alrededor de la relación entre el conflicto racial y el discurso de la guerra contra las drogas. esta última se entiende como un dispositivo que cumple la función de reducir la multiplicidad al sujeto-objeto de la población, con lo cual se va permitiendo un proceso de inclusión que, a su vez, mantiene excluidas a las minorías raciales de la participación política y, por lo tanto, evita cualquier intento de reformar el orden existente en los Estados Unidos. A lo anterior vamos a oponer la noción de “pueblo” esbozada por Foucault y más desarrollada por Agamben. El pueblo se entiende como una multiplicidad irreductible en sí misma, que se ve representada en aquellos que no pueden ser del todo incluidos por esa noción totalizante que es la población.

Dispositivo, pueblo y población

El concepto de “dispositivo” adquiere importancia en la obra de Foucault desde sus cursos en la década de 1970 en los que busca explicar los fenómenos del biopoder y la gubernamentalidad. Aunque el autor nunca plantea una definición específica de qué es un dispositivo, Giorgio Agamben, a partir de una entrevista realizada al pensador francés en 1977, logra identificar los rasgos fundamentales de este concepto [2].

Agamben (2015) desagrega esta noción en tres puntos fundamentales: primero, el dispositivo se entiende como un conjunto heterogéneo que funciona a manera de red articulando diversos elementos o prácticas; segundo, el dispositivo está inscrito en relaciones de poder; y tercero, este funciona como el resultado de la relación entre relaciones de poder y relaciones de saber. Es decir que existe un cuerpo de conocimientos y verdades, que es el que configura la dimensión material de estas prácticas en el plano del gobierno. Un dispositivo puede estar compuesto por discursos, marcos legales, políticas públicas y prácticas de lenguaje, los cuales operan como una red que busca hacer frente a una problemática o fenómeno del orden social. Y la manera en que este opera desemboca en la construcción de sujetos, tal como posteriormente enuncia Agamben (2015):         

 El término dispositivo nombra aquello en lo cual y a través de lo cual se realiza una actividad pura de gobierno sin ningún fundamento en el ser. Por esta razón, los dispositivos siempre deben implicar un proceso de subjetivación, es decir, producir un sujeto. (p.16)

A diferencia de Agamben, el pensador francés sí realiza una distinción entre los diversos dispositivos desde una perspectiva histórica. Foucault (2014) señala que los distintos tipos de dispositivos que existen tienen como objeto el control y la reducción de la multiplicidad. El dispositivo de la soberanía entiende la multiplicidad como un conjunto de individuos-súbditos que habitan un territorio específico que pertenece a un soberano (príncipe); mientras el dispositivo disciplinario, por su parte, comprende a la multiplicidad a través de la individualización de los sujetos, y los va sometiendo a mecanismos de vigilancia y corrección. Sin embargo, este autor enuncia que, con el auge del liberalismo y el surgimiento del neoliberalismo, van a imperar los denominados “dispositivos de seguridad”[3]. Según Foucault (2014), estos últimos solo van a comprender la multiplicidad desde el sujeto-objeto de la población, que es entendida como una totalidad, donde ya no se busca crear prohibiciones y prescripciones, sino regular, anular y/o controlar los diversos fenómenos a través de la entrada de estos a cálculos racionales de costo/beneficio.

Para discutir alrededor del concepto de población hay que partir del hecho de que este opera como un sujeto que es a la vez objeto y tiene un carácter colectivo. Es decir, tiene una pretensión totalizante que únicamente entiende a la individualidad en la medida que esta pueda aportar a comprender la multiplicidad. Esta noción va de la mano con la filosofía contractualista propia del liberalismo político, que busca desde la ley la construcción de un sujeto colectivo sin fracturas (la igualdad de todos los ciudadanos frente a la norma jurídica). En este sentido, la idea de contrato social solo puede ser comprendida desde la constitución de este sujeto-objeto colectivo que es la población.  Ahora bien, Foucault (2014) plantea que en contraposición a este concepto se encuentra la figura del pueblo, que representa a aquellos que se oponen y buscan sustraerse al dispositivo que configura a la población. Es decir que ellos son esa fracción que se resiste a ser reducida a la lógica de los cálculos de gobierno que la controlan.

Sin embargo, Foucault no profundiza en este concepto y lo deja meramente enunciado. En cambio, Giorgio Agamben retoma la discusión sobre el pueblo y plantea que esta noción tiene un carácter dual e inherentemente contradictorio. Según este filósofo, existen dos maneras de denominar al pueblo, cada una con implicaciones muy distintas en la comprensión del fenómeno de la política.

Por una parte el conjunto del Pueblo como cuerpo político integral, por otra, el subconjunto pueblo como multiplicidad fragmentaria de cuerpos menesterosos y excluidos; en el primer caso una inclusión que pretende no dejar nada fuera, en el segundo una exclusión que se cabe sin esperanzas. (Agamben, 2010, p.32)

La noción de pueblo enunciada por Foucault sería más cercana a esta segunda definición, que tiene que ver con aquellos que se encuentran excluidos al interior de esta totalidad que, paradójicamente, los incluye. Mientras que el concepto de Pueblo, es más cercano y análogo a esa idea de población, que es un cuerpo político sin fractura alguna en su interior, en donde las partes coinciden con el todo de manera perfecta (Agamben, 2010). El propósito de los dispositivos de seguridad planteados por Foucault, es suprimir esa fractura que permite la existencia del pueblo, a través de la idea totalizante de la igualdad de todos ante la ley.

Ahora bien, esta división entre Pueblo y pueblo es profundamente conflictiva. Ya que este último busca apropiarse de algo que le pertenece y que siempre le ha sido negado; incluso en el momento en que jurídicamente es “incluido” en el orden social. Tal como señala Agamben (2017), la misma noción de lucha de clases en el marxismo representa esa guerra intestina que genera esta fractura y que solo tendrá fin en el momento en que Pueblo y pueblo coincidan a la perfección, es decir, con el fin de la existencia del pueblo[4].

Para Agamben (2017), la Modernidad (y para nosotros el contractualismo liberal) se presenta como un proyecto que busca eliminar esa escisión fundamental de la política con la desaparición del pueblo de los excluidos, y tratando así de formar un sujeto político único e indivisible en el que desaparezca el antagonismo que permite concebir cualquier idea de la emancipación humana.

Migración, segregación y el origen del discurso antidrogas: 1930-1950

En la primera mitad del siglo XX hubo enormes cambios en la demografía urbana de los Estados Unidos. Con la industrialización del norte del país, muchos afroamericanos comenzaron a migrar a los grandes centros urbanos e industriales con la intención de obtener mejores oportunidades que en el sur, una región altamente racista que en el siglo pasado había sido auge del esclavismo. Para Piven y Cloward (1979), lo anterior desembocó en la formación de un proletariado negro urbano que fue considerado por los grandes empresarios como un nicho para conseguir mano de obra barata, por lo que las condiciones de desempleo permitieron que esta fracción de la clase obrera fuera considerada como un ejército de reserva desde el cual se podía amenazar a los sindicatos de obreros blancos.

Esto llevó a que se alimentara un resentimiento entre la clase obrera blanca y la negra, ya que la primera siempre se sentía amenazada por la última. De hecho, los negros fueron excluidos de la formación de sindicatos (Piven y Cloward, 1979). Ahora bien, el fomento de esta clase de rivalidad entre fracciones de la clase obrera era una manera de lidiar con la amenaza de la conformación de grandes bloques de movimientos sociales y sindicales; por lo cual, cualquier clase de acercamiento entre negros y blancos, incluso fuera del ámbito laboral, era considerado inconveniente por parte de los grandes industriales.

Uno de los espacios donde se establecieron vínculos amistosos entre blancos y negros fue el de la cultura popular en cascos urbanos como Nueva York, en especial con el jazz. El consumo de cannabis era bastante común dentro de este sector, principalmente por motivos culturales. De modo que este psicoactivo se popularizó en estos años entre los círculos que se reunían alrededor del jazz (Brathwaite, 2019). Lo anterior no pasó desapercibido para los miembros de la élite norteamericana.

Con la creación del Buró Federal de Narcóticos de los Estados Unidos, precedente de la actual DEA, se lleva la temática de las drogas a la construcción de un órgano institucional. Harry Anslinger lideraba esta iniciativa, él era un funcionario que enarbolaba un fuerte discurso prohibicionista y de criminalización de las drogas. Sumado a esto, su retórica estaba atravesada por un marcado racismo, desde el cual trazaba relaciones entre las drogas y la criminalidad con las comunidades afro y latinas de los Estados Unidos. De hecho, con la publicación del artículo “Marihuana: asesina de la juventud”, Anslinger planteó que este narcótico era altamente peligroso y mortal, especialmente para mujeres y niños blancos. Según su estudio, ellos podían ser víctimas de violencia sexual o asesinato por parte de consumidores de esta droga (Anslinger, 1938). Con este artículo del año 1938, se marca el inicio de una estrategia de comunicaciones que buscaba criminalizar el consumo de narcóticos, especialmente del cannabis. Incluso, Anslinger fue quien popularizó el uso del nombre “marihuana” para hablar de este estupefaciente, debido a que así era nombrada en las comunidades latinas (Gandhi & Brathwaite, 2019).

Durante el desarrollo de esta campaña, que estuvo acompañada de propaganda en los medios de comunicación, el aumento de los estereotipos frente a las minorías raciales, asociadas al consumo de droga y al supuesto “riesgo” que estas representaban, comenzó a calar entre los diversos sectores de la población, y fue generando miedo y alarma. Para autores como Rosino y Hughey (2018) esto terminó motivando la prohibición federal del cannabis. Esta campaña reconfiguró las relaciones entre poder y saber con repercusiones directas en la legislación (la prohibición), las medidas marcaron el germen del dispositivo que operaría en la futura guerra contra las drogas.

Hay que decir además que la posibilidad de la integración racial en Estados Unidos era muy difícil, ya que existía todo un aparato legal (las leyes Jim Crow) que garantizaba la segregación racial en el espacio público. Sin embargo, con acciones de protesta como la de Rosa Parks el 1 de diciembre de 1955, se marcó un punto de inflexión en el país norteamericano. Con el surgimiento del Movimiento de los Derechos Civiles entró en crisis el sistema de segregación racial en Estados Unidos y, por consiguiente, se abrió la puerta a la integración.

El Movimiento por los derechos civiles: la emergencia del pueblo

En la década de 1960 emergió un estallido social de enormes proporciones en los Estados Unidos. Los sectores afroamericanos se unieron para luchar en contra de las leyes segregacionistas en el espacio público, a su vez, también pedían el aumento de sus derechos económicos y políticos. Entre 1961 y 1963 hubo aproximadamente 20 mil arrestos relacionados con el movimiento y con las protestas, en 1963 fueron 15 mil con un estimado de 1000 movilizaciones en todo el país, y en más de 100 ciudades. Además, el 28 de agosto de 1963 ocurrió la multitudinaria protesta llamada “Marcha por el Trabajo y la Libertad” a la que asistieron unos 250.000 manifestantes en la ciudad de Washington (Alexander, 2012) (Piven y Cloward, 1979).

El resultado más significativo de estas movilizaciones fue la proclamación del Civil Rights Act en 1964 que desmanteló el sistema segregacionista de Jim Crow. Posteriormente, en 1965, se emitió el Voting Rights Act que buscaba ampliar y garantizar la participación de los afroamericanos y minorías raciales en el proceso electoral. Eso propició que entre 1964 y 1969 se disparara el porcentaje de afros registrados para votar, para Alexander (2012) esto creó un nuevo nicho electoral que los sectores liberales del Partido Demócrata buscaron capitalizar. Debido a lo anterior, la presidencia de Lyndon B. Johnson se caracterizó por ciertas victorias del movimiento en el plano institucional. No obstante, entre 1967 y 1968, volvieron las protestas a los Estados Unidos, esta vez por diversas razones.

Durante 1968 se dio la Ofensiva del Tet en Vietnam, la cual mostró a la opinión pública que esta guerra estaba lejos de terminar y el número de soldados muertos era cada vez mayor. En consecuencia, el movimiento en contra de la guerra (asociado a la ola de la contracultura hippie), se fortaleció y comenzó a unirse al movimiento afroamericano con el objetivo de pedir el final de la guerra (Rice, 2017). Sumado a esto, figuras como Martin Luther King comenzaron a manifestar en sus discursos que la única manera de superar la disparidad racial en los Estados Unido era con la consecución de la justicia económica a través de la redistribución de la riqueza en el país. Es decir, con reformas estructurales en el sistema económico que en ese momento precarizaban a las minorías raciales. Para Alexander (2012), esto permitió que se abriera la oportunidad para la conformación de un frente unido entre obreros blancos y negros para exigir mejores condiciones laborales y política social. Para ese entonces, el mayor miedo de las élites económicas, desde la migración de comienzos de siglo, se había convertido en una posibilidad real.

El 4 de abril de ese año fue asesinado Martin Luther King, este hecho provocó innumerables disturbios a lo largo de todo el país, y dejó aproximadamente 27.000 personas arrestadas y 43 muertos. Este estallido de violencia desembocó en la alarma de los sectores más reaccionarios de la derecha norteamericana, que señalaban al gobierno de Johnson como el responsable debido a su “laxitud” frente al movimiento social. Estos sectores también afirmaban que el discurso de desobediencia civil por parte del movimiento incitaba al desorden y al incumplimiento de la ley, dando origen al famoso discurso de “ley y orden”, bandera electoral del Partido Republicano (Weaver, 2007). Debido a la presión política y al hecho de que 1968 era año de elecciones, el presidente Johnson rechazó de tajo la violencia en su discurso del Estado de la Unión de ese mismo año, y fue dejando de lado el enfoque gubernamental centrado en reformas estructurales como respuesta a las movilizaciones. De esta manera, el presidente también se alineó con la retórica de “ley y orden”, en esta la criminalidad pasaba a ser el centro de la agenda (Weaver, 2007).

Es importante resaltar que, simultáneamente a todos estos procesos sociales, dentro de la ola de la contracultura se popularizó el consumo de cannabis. Para el año 1971, alrededor de 24 millones de estadounidenses afirmaban que habían probado este estupefaciente (Rice, 2017). Esto llevó a que sectores conservadores recuperaran el discurso de Anslinger quien había relacionado el consumo de drogas con el aumento de la criminalidad. En este contexto se perfilaba Richard Nixon como candidato a la presidencia quien representaba ese afán para contrarrestar el avance del movimiento social y que enarbolaba a la perfección el discurso de la ley y el orden.

La guerra contra las drogas como dispositivo de seguridad

La campaña de Nixon en 1968 y la Casa Blanca de Nixon después de eso, tenía dos enemigos: la izquierda antiguerra y la gente negra. ¿Entiendes lo que te digo? Sabíamos que no podíamos hacer ilegal el ser negro o el estar en contra de la guerra, pero haciendo que el público asociara a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína, y luego criminalizándolos fuertemente, podíamos irrumpir en esas comunidades. Podíamos arrestar a sus líderes, allanar sus casas, invadir sus reuniones, y luego difamarlos en las noticias de la noche ¿Sabíamos que estábamos mintiendo acerca de las drogas? Claro que sí. (Baum, 2016, para.2)  – John Ehrlichmann, asesor personal de Richard Nixon y conspirador en el caso Watergate.[5]

La cita anterior proviene de una entrevista concedida al periodista Dan Baum en 1994 y registrado en un reportaje de la revista Harper’s en 2016. En esta entrevista un co-conspirador del caso Watergate confesó que el discurso antidrogas de Nixon era en realidad una estrategia que buscaba criminalizar y estigmatizar a los sectores de oposición que estaban poniendo en crisis al gobierno. En este apartado vamos a demostrar la manera en que esta estrategia operó y por qué consideramos que puede entenderse como un dispositivo de seguridad.

Alexander (2012) comenta que para el año 1968 en una encuesta Gallup el 81 % de los encuestados opinaba que se había roto la ley y el orden en los Estados Unidos. Para esta autora, tras el aumento de las manifestaciones violentas y el descontento social posterior al asesinato de Martin Luther King, se inició una cruzada desde los sectores más conservadores para despolitizar las protestas relacionándolas con la criminalidad. En este año electoral se perfilaba cada vez con más fuerza el candidato republicano Richard Nixon.

Nixon enarboló un discurso muy popular entre los sectores conservadores, especialmente, en los Estados del sur en donde se promulgaba que la filosofía de desobediencia civil, propia del movimiento afroamericano, era criminal porque promovía el cumplimiento selectivo de las normas. Lo anterior vino de la mano con que el FBI comenzaba a reportar un aumento dramático en los índices de criminalidad. Este discurso tuvo una recepción positiva en la clase obrera blanca, la cual aún conservaba ciertas reminiscencias de la narrativa de la época segregacionista. Este contexto permitió configurar unas nuevas mayorías desde el partido Republicano y según Alexander (2012) forzó al partido Demócrata a cambiar su discurso hacia este mismo tema (sin mayor éxito).

Richard Nixon ganó las elecciones con el 57 % de los votos. Esto le dio la oportunidad al sector conservador republicano de replantear la agenda según sus propios intereses. Acerca de esto, Weaver (2007) señala que se capitalizaron los miedos generados por las revueltas raciales, puesto que se dejó de lado el enfoque centrado en los problemas estructurales como causas de las revueltas. En este sentido, estos acontecimientos se plantearon como un problema relacionado con el aumento del índice de criminalidad que necesitaba ser gestionado de manera urgente. En este punto, las revueltas generadas por la reivindicación de derechos por parte de la comunidad negra se convirtieron en un problema de gobierno, y la administración Nixon se vio obligada a intervenir en los movimientos sociales, esta vez, para disolverlos y deslegitimarlos. Aquí es donde entra a jugar el tema de las drogas.

En 1969, Nixon le señaló al Congreso de los Estados Unidos que las drogas eran una de las mayores amenazas para la nación. Todo esto acompañado de un discurso que enunciaba a los estupefacientes como responsables de producir personas vagas, improductivas y desobedientes de la ley, de modo que trató de plantear analogías con los movimientos de protesta social hippie y afroamericano. En 1970, se estableció el Controlled Substances Act, que sería el horizonte desde el que se comenzaría a trazar el discurso antidrogas estadounidense. En este documento se pasa a definir al adicto como un usuario habitual que pone en riesgo la moral, la salud, la seguridad y el bienestar público (Rice, 2017).

Según Weaver (2007), se plantearon tres estrategias específicas para conectar el crimen con el Movimiento por los derechos civiles. Primero, que las manifestaciones tenían un carácter criminal por su naturaleza disruptiva; segundo, que los derechos civiles y la integración racial conduciría a una ola de crimen porque se consideraba que los negros llevarían el crimen a los barrios blancos, todo ello sustentado en la creencia que los negros eran propensos a la violencia; y tercero, se consideraba que la aprobación de iniciativas de derechos civiles iba a llevar a la falta del imperio de la ley.

El 17 de junio de 1971, Richard Nixon categorizó el abuso de drogas como una emergencia nacional señalándolo como el “enemigo público número uno”. Con esto, se dio inicio formal de la denominada: Guerra contra las drogas, entendida por Rosino y Hughey (2018) como un conjunto de discursos político-legales y prácticas estatales que incluían el uso de la fuerza, la militarización de la policía, el prohibicionismo y el aumento de los encarcelamientos, especialmente en grupos raciales. Nixon desarrolló toda una estrategia organizada de presión a los medios de comunicación con una inversión de 37 millones de dólares en tiempo comercial, se centró en promover campañas antidrogas, sumado a un ataque sistemático a las emisoras que pusieran canciones que aludieran al consumo de drogas. Las encuestas privadas comisionadas por la Casa Blanca comenzaron a arrojar como resultado que el problema del consumo de drogas era considerado como una de las dos mayores amenazas a la seguridad, incluso en ciudades con tasas muy bajas de adicción (Johnson et al., 1996). Toda esta campaña de medios no solo buscaba posicionar al tema como una amenaza a la seguridad, sino que para autores como Rosino y Hughey (2018) sirvió como una herramienta para promover discursos sobre la raza y su relación con temas como la criminalidad y el consumo.

Rosino y Hughey (2018) señalan que este proceso vino acompañado de un aumento de la violencia policial en comunidades negras, el perfilamiento racial y el fortalecimiento selectivo de la ley. Todo esto terminó desembocando en la intervención constante de las fuerzas del Estado en los entornos donde el movimiento social podría llegar a darse, convirtiéndose en un sistema racializado de control social. Al final, la criminalización de la protesta, su despolitización y la consolidación del discurso antidrogas de Nixon terminó desarticulando y erradicando las posibilidades de mantener constante en el tiempo la erupción social ocurrida desde 1968 y de que esta pudiera recuperar la fuerza que había tenido en la primera mitad de la década de los 60’s.

Tal como puede verse, esto no es más que la emergencia del discurso establecido por Harry Anslinger hacía 1938 tras la amenaza de la integración racial por la llegada inminente de afroamericanos a los centros urbanos, que en cierto grado fue impedida por las leyes segregacionistas. Con el fortalecimiento del Movimiento por los derechos civiles en la década del sesenta y la posibilidad de articular demandas con la clase obrera blanca y movimientos como el de la contracultura, este riesgo volvió a convertirse en motivo de preocupación para las élites blancas conservadoras. El gobierno Johnson logró canalizar en cierto grado estas demandas a través de iniciativas de reformas de fondo, pero la radicalización del discurso del movimiento, encabezado por Martin Luther King, que exigía una reforma total del sistema económico y la redistribución de la riqueza en los Estados Unidos, llevó a que los canales institucionales no fueran suficientes.

Con la erupción de manifestaciones y disturbios en 1968 (que iban de la mano con una situación global similar), este riesgo se hizo inminente y la llegada al poder de una figura como la de Richard Nixon sirvió para frenarlo. El conjunto de discursos que comenzaron con Anslinger establecieron un saber alrededor de la relación entre crimen, drogas y comunidades raciales. Este saber se transformó en la retórica de la ley y el orden desde la cual Nixon le dio inicio a su campaña, posteriormente, se convertiría en el paradigma de la guerra contra las drogas.

La idea de una guerra contra las drogas se convirtió en un dispositivo desde el cual se deja de lado cualquier reforma estructural como respuesta al descontento social. La problemática se transformó en un asunto de gestión de índices de criminalidad entre las poblaciones, en aras de despolitizar totalmente cualquier manifestación social. Ahora bien, es importante aclarar que no se pretende reducir el dispositivo de seguridad a la política estatal durante el periodo de Nixon, sino indicar que esta administración logró apropiarse de saberes, prácticas y discursos que venían operando desde décadas anteriores que, en este caso, se lograron integrar de manera efectiva y se convirtieron en un eje central y transversal de la política de seguridad. Esto tampoco quiere decir que el dispositivo se limita al momento histórico de esta administración, en cambio que desembocó en el despliegue de formas de subjetivación y prácticas discursivas que se prolongaron en el tiempo y que trascendían el plano de la política de gobierno —manifestándose incluso hasta la actualidad—, tomando formas distintas pero representando una misma racionalidad respecto a la gestión de las poblaciones (Rosino y Hughey, 2018).

Lo que pudo verse desde el inicio del Movimiento por los derechos civiles fue la emergencia de la figura del pueblo (entendido en términos de Agamben(2017)), que buscaba reclamar para sí misma una auténtica posición en el orden social y que fuera más allá de la igualdad ante la ley. Es aquí donde se aprecia la dicotomía irresoluble entre pueblo y Pueblo. Con el fin de las leyes segregacionistas, el gobierno estadounidense intentó dar a entender que la escisión al interior de la sociedad había terminado; y con la igualdad normativa, las comunidades excluidas ya tenían una parte y, por consiguiente, se incorporaban al sujeto-objeto de la población. Sin embargo, la escisión continuaba existiendo, las prácticas de exclusión racial permanecían vigentes en los planos económico y político a pesar de que el aparato legal considerara a los afroamericanos como ciudadanos en pleno derecho.

Ante la inconformidad manifestada en 1968, se desarrolló un dispositivo de seguridad que buscaba incorporar la amenaza de este pueblo en cálculos de gobierno que permitieran la anulación de su potencial político. Dispositivo de seguridad en la medida que, aunque incorporara prácticas disciplinarias y prohibitivas, tenía como objetivo no el simple disciplinamiento de los individuos considerados como un riesgo, sino el control de una multiplicidad, que bajo un régimen de saber discursivo aislaba a la comunidad negra de potenciales aliados como lo era la clase obrera blanca.

Este dispositivo de seguridad no se planteó con el objetivo de eliminar el consumo de drogas o las prácticas criminales que pudieran asociarse a este, en cambio se buscaba controlar un acontecimiento, mientras se iba condicionando el ambiente para realizar un ejercicio de gestión para buscar llegar a un nivel óptimo y deseable en cuanto a los objetivos de gobierno (Foucault, 2014). Por su parte, Rosino y Hughey (2018) plantean que no hay una diferencia significativa en el consumo de drogas entre blancos y afroamericanos, aunque el sistema de penas y castigos interviene principalmente en estos últimos. Si el problema de fondo hubiera sido el control del consumo y la criminalidad, la política antidrogas habría aplicado de la misma manera a las comunidades blancas con altos índices de estos dos indicadores. Asimismo, también plantean que la intervención constante de la fuerza policial en las comunidades negras no solo reafirmó el discurso que asociaba la criminalidad del negocio de las drogas con estas frente a la población blanca, sino que también fracturó el tejido social al interior de las mismas, y dificultó la posibilidad que los afroamericanos se reunieran o asociaran políticamente por miedo a las represalias.

El ascenso de Nixon y el partido Republicano puede verse como un verdadero proceso contrarrevolucionario que pretendía frenar y controlar los avances de un movimiento social que se hacía cada vez más fuerte y al cual no le bastaban los canales institucionales. Por lo que el dispositivo de seguridad se centró en la criminalidad y en el abuso de drogas para contrarrestar y estigmatizar un movimiento social que pudiera llevar a la integración racial, con intención de pedir reformas de fondo que implicaran una reestructuración del orden político y económico.

Foucault (2014) afirma que: “quien delinque contra ese sujeto colectivo (la población) creado por el contrato social rompe sin duda este último y queda al margen de aquél”  (p.65). Al convertirse en sujetos criminalizados, es como si los afroamericanos hubieran roto con el contrato social al cual fueron incorporados con la igualdad ante la ley. Para este autor, la única manera en que estos sujetos retornen al pacto es a través de las leyes penales y las prácticas punitivas que se ejercen sobre el delincuente (Foucault, 2014). El dispositivo incorpora prácticas disciplinarias que al final terminarán configurando un discurso que será replicado en los medios de comunicación, donde se muestra al sujeto criminal como una amenaza para la sociedad misma. Es allí donde yace la utilidad práctica del discurso: no en el hecho de simplemente judicializar al delincuente sino en mostrarle a los demás miembros de la población no racializada que los afroamericanos y, especialmente, aquellos que hacen parte del movimiento social, en realidad son criminales peligrosos con los cuales no debería establecerse ninguna clase de relación. En este sentido, Foucault (2014) comenta que:

La seguridad, a diferencia de la ley que trabaja en lo imaginario y de la disciplina que trabaja en lo complementario de la realidad, va a trabajar en esta misma, para lo cual intentará, en virtud y a través de toda una serie de análisis y disposiciones específicas, hacer que sus elementos actúen unos con respecto a otros. (p.69)

El dispositivo de seguridad condiciona la realidad y el medio en el que los componentes de la población interactúan. Mediante el uso de estrategias discursivas y del aparato legal, se generaron las condiciones que no permitieron la articulación del pueblo, y se fueron controlando y mediando la interacción entre las comunidades negras criminalizadas y la clase obrera blanca. La manera en la que esto se hizo fue vaciando de cualquier contenido político el descontento social del Movimiento por los derechos civiles al hacer grandes campañas mediáticas que posicionaran al crimen como el principal problema, y al racializar el consumo de drogas ilícitas asociado a dicha criminalidad. Los afroamericanos dejaron de ser sujetos políticos y se convirtieron en potenciales criminales que buscaban atentar contra la moral, la ley y el orden en los Estados Unidos.

Tal como señala Castro-Gómez (2015), los dispositivos juegan como operadores prácticos que buscan readecuar ciertas relaciones de fuerza con el objetivo de rellenar espacios vacíos, que son resultado de coyunturas históricas específicas. En este caso, el vacío que se buscaba llenar es el que dejó la abolición de las leyes de segregación racial. Una vez el aparato jurídico y legal dejó de prohibir la integración de los negros en la sociedad estadounidense, el dispositivo de seguridad debió llenar el lugar que antes ocupaba el aparato que justificaba la segregación racial. Lo anterior se realizó mediante la creación de un dispositivo que incluía prácticas de saber, discursivas y disciplinarias; pero sobre todo de control de la población y los medios en las que las partes de estas interactuaban entre sí.

A pesar de que el dispositivo logró mantener por décadas la segregación y el aislamiento político de las comunidades afroamericanas (con prácticamente la eliminación total del Movimiento por los derechos civiles), la fractura entre pueblo y Pueblo, entre pueblo y población no pudo ser suprimida por completo. Esto debido a la misma imposibilidad de hacer coincidir las partes con el todo, situación que para Agamben (2017) solo es posible en una realidad en la que no existe una repartición u ordenamiento que implique divisiones dadas por la naturaleza conflictiva de las relaciones humanas, es decir, una sociedad sin clases. Es por esto por lo que el dispositivo está condenado a una lucha constante, que implica un fracaso y una necesidad de reinvención. En la medida en que exista un sector excluido que no se siente satisfecho con aquello que le ofrece la totalidad de la población, el dispositivo se enfrenta a una lucha irresoluble.   

Conclusiones

En este artículo se logra evidenciar que la segregación racial en los Estados Unidos estaba articulada con unos objetivos políticos claros, lo cual demuestra que el problema de fondo no era únicamente la exclusión y el trato inequitativo frente a la ley, sino la clara posibilidad de una integración racial que implicara la conformación de un movimiento social que pusiera en riesgo el orden social imperante.

Para enfrentar esta amenaza, Richard Nixon se apropió de un conjunto de discursos y saberes que históricamente venían siendo construidos desde comienzos del siglo XX y los convirtió en un dispositivo de seguridad que permitió la neutralización del movimiento social con la posibilidad de establecer alianzas con la clase obrera blanca. En este sentido, los dispositivos de seguridad se muestran como una serie de prácticas que, mediante la gestión del medio en el que interactúan los componentes de la población, buscan establecer un orden totalizante que anule el potencial conflictivo inherente a la imposibilidad de que pueblo y Pueblo lleguen a coincidir sin fractura alguna.

Por esto, consideramos pertinente mencionar que el movimiento social Black Lives Matter, que se ha visto fortalecido en el año 2020 en los Estados Unidos, debe evitar caer en la trampa del discurso liberal del contrato social y la igualdad ante la ley. Lo expuesto anteriormente demuestra que este mismo contrato se construyó a partir de la exclusión de las comunidades raciales y, por consiguiente, cualquier reivindicación política alrededor de la segregación racial, debe ir de la mano de una intención de reformar totalmente el orden social antes que de la inclusión (que sigue siendo exclusiva) de los sectores sin parte, en un aparato legal donde solo existe la igualdad en el papel. La emancipación únicamente puede pensarse y, por lo tanto, llevarse a la práctica, mediante el conocimiento que, el aparato que incluye a los sectores marginados con su exclusión, nunca va a llevar a una igualdad total porque es esta contradicción la misma base de este orden. Solo a partir de un principio de igualdad radical (la potencia misma de la idea del pueblo) se puede llegar a pensar la libertad política de los excluidos.

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