Grupos armados y conflictos socioambientales; obstáculos inmediatos en la consolidación de una paz ambiental en la Macarena - Guaviare*

Armed groups and socio-environmental conflicts; Immediate obstacles in the consolidation of an environmental peace in Macarena - Guaviare

María Alejandra Vergara Guerrero **

Recibido: 30/06/2021
Aprobado: 21/10/2022
 

Resumen

Los conflictos socioambientales se consolidan como una de las variables de disputa frente a la apropiación y uso de los recursos naturales en mayor medida en las zonas históricamente golpeadas por el conflicto armado. La subregión Macarena - Guaviare, se constituye a partir de la firma del Acuerdo de Paz como una zona PDET priorizada con el objetivo de estabilizar tales situaciones de conflicto. Sin embargo, es a partir de la firma del Acuerdo cuando diferentes Grupos Armados han reconfigurado su presencia en la zona, relacionando sus intereses de ocupación territorial bajo diferentes actividades productivas. Es bajo este contexto que el presente artículo pretende definir y describir de qué manera se relacionan dichos conflictos socioambientales con la presencia de grupos armados ilegales en la subregión como una consecuencia directa en el periodo de implementación (2016 - 2019)

Palabras clave: Conflictos socioambientales, Vocación y uso del suelo, Macarena - Guaviare

Abstract

Socio-environmental conflicts are consolidated as one of the dispute variables regarding the appropriation and use of natural resources to a greater extent in areas historically hit by the armed conflict. The Macarena - Guaviare subregion is constituted as of the signing of the Peace Agreement as a prioritized PDET zone with the objective of stabilizing such conflict situations. However, it is from the signing of the Agreement that different Armed Groups have reconfigured their presence in the area, linking their interests of territorial occupation under the action of different productive activities. It is under this context that this article aims to define and describe how these socio-environmental conflicts are related to the presence of illegal armed groups in the subregion as a direct consequence of the implementation period (2016 - 2019)

Keywords: Socio-environmental conflicts, Vocation and land use, Macarena - Guaviare

Introducción

La subregión Macarena - Guaviare se establece a partir del instrumento de planificación especial conocido como PDET. Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial se catalogan como un mecanismo para la implementación del Punto 1 Reforma Rural Integral (RRI) del Acuerdo Final de Paz (AFP). Los PDET se establecen bajo el Decreto 893 de 2017 y su fin constituye resolver y estabilizar una serie de municipios y territorios priorizados que han sido altamente afectados por variables como el conflicto armado, la pobreza, la violencia, la presencia de economías ilícitas, además de una débil presencia institucional.

Para el caso particular de la subregión Macarena - Guaviare, esta se compone de 12 municipios priorizados así: La Macarena, Uribe, Mesetas, Puerto Rico, Puerto Concordia, Puerto Lleras, Vistahermosa y Mapiripán; Meta, además de Miraflores, El Retorno, Calamar, San José del Guaviare; Guaviare.

Gráfico 1. Mapa subregión Macarena – Guaviare

          Fuente: ART (2019)

Históricamente, los municipios que hacen parte de la subregión han sido sujeto de grandes oleadas y flujos de colonización, en particular en la década de los 70 cuando, producto de la Estrategia de Desarrollo Rural (DRI) como resultado del Pacto de Chicoral (1973), se promovieron programas de colonización dirigida hacia estas zonas - principalmente zonas de bosque húmedo tropical-. (Hurtado, 2012)

Bajo la premisa de apoyo estatal para el desarrollo de proyectos agrícolas, construcción de infraestructura vial y provisión de servicios públicos, un sin número de campesinos sin tierra se desplazó hacia estos municipios. Sin embargo, lo que evidenció esta situación fue una ocupación territorial acelerada y no planificada, un fuerte abandono estatal que impidió la integración productiva de estos territorios al mercado regional y que, además, desencadenó la entrada de una serie de actividades productivas contrarias con las características físicas y/o vocación de los suelos (Fajardo, 2008).

Es bajo este contexto en particular que en la subregión Macarena - Guaviare se han desarrollado una serie de disputas o conflictos socioambientales, que, como lo afirma Sabatini (1996, citado por Orellana, 1999), se definen como aquellos que se generan por el uso, acceso y control de los recursos naturales y que, a su vez, se encuentran interrelacionados por la intromisión paulatina de externalidades. Dichas externalidades se entienden como la introducción de actividades productivas que se desarrollan en un espacio físico y que tienden a introducir cambios en las maneras o formas de producción que no siempre son acordes con la vocación del suelo.

Botero (2018) plantea que actividades productivas como el acaparamiento de tierras, los cultivos de coca y palma africana, la minería ilegal, la potrerización y el ganado, se sitúan como las principales externalidades que en el caso de la subregión, han contribuido a una degradación ambiental en la zona. A su vez el autor afirma, que estas externalidades entendidas como agentes de transformación específicos han causado, particularmente para el periodo comprendido después de la firma del AFP, que en zonas límite con la Orinoquia y los Andes (departamentos de Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo) se incrementen y focalicen factores como la deforestación.

Sumado a esto, también es importante señalar a los actores que ejecutan tales actividades productivas y que expresan los intereses de ocupación y control de los territorios. Por un lado, se encuentran los actores no armados articulados bajo escenarios como la aparición de capitales para instalación de grandes fincas y potreros. De otra parte, se encuentran actores armados ilegales como los Grupos Armados Organizados (GAO) y Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR) quienes se han reconfigurado además, después de la firma del AFP, y detentan el control de cultivos de coca y de corredores territoriales estratégicos.

De ahí que esta sea la coyuntura actual de la subregión Macarena – Guaviare, escenario en el cual los conflictos socioambientales se han generado a partir de una serie de alteraciones productivas que llevan a cabo distintos actores (legales e ilegales) en el territorio. Esto como lo afirma Orellana (1999), se da bajo una serie de intereses y necesidades de un sin número de actores (colonos, campesinos, grupos armados, ganaderos, etc.) que conciben en el territorio una fuente de recursos que deben ser poseídos, apropiados y usados; en donde, con base en los contextos, intereses y necesidades contrarias de los tales actores se producen así escenarios conflictivos y de disputa.

Si bien el AFP plantea una serie de instrumentos enmarcados en la implementación de la RRI como forma de resolver o estabilizar tales situaciones de conflicto en los territorios priorizados, el presente artículo tiene como objetivo definir y describir los conflictos socioambientales que en el contexto del post acuerdo se han situado en la subregión Macarena - Guaviare a partir de su relación con los intereses de ocupación territorial de actores armados (GAO y GAOR) que se han situado en la subregión.

El texto se dividirá en cuatro apartados, en un primer momento se expondrá un contexto detallado de la subregión Macarena – Guaviare presentando aproximaciones que dan cuenta de su relevancia a nivel ambiental, además de presentar un breve panorama de conflictos socioambientales antes de la firma del AFP; en segundo lugar, se presentará un corto balance de la implementación del Acuerdo relacionado con las disposiciones sobre conflictos socioambientales; en un tercer apartado se relacionan tales conflictos bajo la reconfiguración y ocupación de actores armados ilegales en el territorio. Finalmente, en el apartado cuatro, se abordarán las conclusiones y análisis que surjan a partir del estudio de caso.

Para tal fin, la metodología propuesta se desarrolla bajo un enfoque cualitativo y hermenéutico en donde a partir del análisis de informes, textos y prensa, se crean hipótesis constatables a partir de diferentes fuentes y datos comparables que permitan establecer por inferencia un análisis específico (Lafuente y Marín, 2008). Para tal caso, el presente artículo utiliza fuentes secundarias como informes gubernamentales, boletines y alertas tempranas, informes de ONG y se apoya en el uso de base de datos oficiales para la realización de estadísticas que permitan comprender ampliamente el análisis de caso. 

Un breve contexto de la subregión

La subregión Macarena - Guaviare se encuentra situada dentro de la región de la Orinoquia colombiana, si bien ha sido naturalizado que los territorios que comprenden la Orinoquia se componen de sabanas y planicies (los denominados Llanos Orientales), es necesario resaltar que según Andrade et al. (2011), la región cuenta con una diversidad biológica, ecológica y física que evoca una heterogeneidad del territorio que incluye sabanas tropicales, humedales, selvas húmedas y ecosistemas de montaña.

Para el caso particular de la subregión, este territorio se encuentra ubicado en zonas de transición hacia la Amazonia tales como ecosistemas de bosque y selva tropical. De ahí que la importancia de la subregión a nivel geográfico y ambiental sea de carácter relevante, puesto que, según la ficha de caracterización PDET (2017), la subregión Macarena - Guaviare cuenta con una extensión territorial total de 9.909.273 ha, de las cuales el 23, 4% hacen parte del sistema de áreas protegidas (SINAP). Asimismo, la subregión alberga varias figuras de protección y zonificación ambiental, entre éstas cabe destacar la Zona de Reserva Forestal (ZRF) y la Zona de Reserva Campesina (ZRC)  del Guaviare. Además, del Sistema de Parques Nacionales Naturales (PNN), se encuentran el PNN Serranía de Chiribiquete (Guaviare), el PNN Sierra de La Macarena, el PNN cordillera de los Picachos y el PNN Tinigua, siendo estos tres últimos parte del Área de Manejo Especial de la Macarena (AMEM), creada bajo el decreto ley de 1989.

Gráfico 2. Figuras del AMEM

Fuente: Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (s.f)

El Gráfico 2, muestra de manera más clara la distribución de las figuras de protección ambiental, siendo estas el fruto de históricas luchas y exigencias de las comunidades como medio para el acceso y formalización de la tierra (baldíos[1]), y la protección de zonas de importancia ambiental que se han visto incluidas en las dinámicas y disputas de las economías extractivas e ilícitas.

Sumado a esto, también es importante señalar que el área total de algunos de los municipios que componen la subregión como: La Macarena, Puerto Rico, Puerto Concordia, Mesetas, Vistahermosa y La Uribe, se encuentra administrativamente en la totalidad del AMEM, es desde allí donde se pueden identificar en un primer momento algunos de los conflictos socioambientales que históricamente se han desarrollado en la subregión, pues,

La gestión del entorno no es un hecho puramente físico o técnico, está muy imbricada con procesos normativos, institucionales y valóricos que hacen que las sociedades accedan, usen y controlen sus espacios de cierta forma, con ciertas normas, ciertas autoridades y percepciones. (Orellana, 1999, p. 333)

Es decir que, en el caso de algunos de los municipios mencionados, los procesos normativos y las figuras de protección se convierten en un obstáculo a la hora de iniciar un proceso de formalización de la tierra. Como lo señala la Fundación Ideas para las Paz (2018) en predios donde existen restricciones legales para avanzar con la formalización, como en cultivos que se encuentran por fuera de la frontera agrícola, en zonas declaradas como reserva forestal o en fincas con cuerpos de agua protegidos, existe una probabilidad más alta de encontrar y exacerbar disputas socioambientales.

A su vez, en cuanto a las concepciones y visiones de autoridad sobre el territorio a las que hace referencia Orellana (1999), se tiene como una variable de ocupación histórica los intereses contrapuestos entre las comunidades asentadas en el territorio y los agentes externos (armados y no armados). Dicha disputa se establece principalmente frente a las pretensiones de ocupación territorial que tienen o han tenido estos actores. Para el caso de la subregión se puede tomar como ejemplo específico la presencia histórica de las FARC-EP, quienes bajo diferentes discursos, reivindicaciones o banderas de lucha, establecieron un control territorial y productivo en la subregión, utilizando el territorio como escenario estratégico operacional y de sustento económico bajo el control de economías de uso ilícito.

Como lo afirma Hurtado (2012), si bien los esfuerzos de las comunidades y organizaciones del territorio se han centrado en impulsar iniciativas de acceso y formalización de la tierra o en la creación de figuras de protección como medio para mitigar los conflictos, han sido los dictámenes o la inoperancia gubernamental el obstáculo para las medidas de gestión del ordenamiento territorial. Específicamente en lo que se refiere al registro y actualización catastral (Gráfico 3), esta serie de factores incrementan la presencia y persistencia de los conflictos socioambientales asociados con el uso, vocación y ocupación del territorio.

Gráfico 3. Estado de la actualización catastral en la subregión

 Fuente: IGAC (2017) - Ficha PDET

Para considerar y caracterizar cuál ha sido el panorama de los conflictos de uso y vocación (conflictos ambientales) en la Macarena - Guaviare, es necesario aclarar que estos “corresponden a la discrepancia entre el uso que el hombre hace actualmente del medio natural y el uso que debería tener de acuerdo con sus potencialidades y restricciones ambientales, ecológicas, culturales, sociales y económicas” (Instituto Geografico Agustin Codazzi [IGAC] et al. 2012, p. 23). Es decir que, como se mencionó anteriormente, los territorios que componen la subregión presentan una divergencia entre su aptitud productiva y los usos o actividades que se han situado en los suelos.

Según la Ficha PDET con datos del IGAC (2012), en la subregión Macarena - Guaviare la vocación de los suelos (Gráfico 4) es mayoritariamente forestal (56%), seguida de la vocación agrícola (25%), vocación ganadera (15%), vocación de conservación de suelos (3%) y finalmente vocación agrosilvopastoril (1%).

                                          Gráfico 4. Vocaciones del uso del suelo

Fuente: Elaboración propia con datos del IGAC (2012)

La vocación forestal predominante en la subregión y equivalente a 5.505.960 ha, hace referencia según el IGAC et al. (2012) a aquella según la cual, dadas las condiciones de clima, pendientes, suelos y riesgos erosivos, las tierras deben propender a ser aprovechadas bajo actividades que se relacionen con la producción (extracción de gomas, resinas, colorantes y frutas) y la protección (cuidado del bosque, recuperación de las especies endémicas). Lo anterior bajo la recomendación explícita de adoptar las medidas de conservación respectivas, evidencia que este tipo de suelos son altamente productivos a la luz de actividades no relacionadas con la agricultura (monocultivos) o la ganadería pues, como señala el IGAC y CORPOICA (2002), estas tierras “se caracterizan principalmente por ser superficiales, pobres, excesivamente drenadas y por presentar una fertilidad muy baja a baja (p.36)”.

Si bien esta caracterización explica consecuentemente el tipo de actividades productivas y usos que deberían situarse sobre los territorios de la subregión, es bajo las directrices gubernamentales,  además de las crecientes dinámicas de violencia y pobreza que se han situado en los municipios, que las cifras indican un persistente índice de conflictividad de la vocación del suelo frente a los usos predominantes del territorio.

Para explicar tal panorama es necesario aclarar que los conflictos de uso se dan de dos maneras, por sobreutilización y por subutilización. La sobreutilización hace referencia al uso intenso o excesivo de las tierras que sobrepasa su vocación de uso natural y los usos compatibles recomendados, tal situación genera degradación y riesgos de tipo ecológico y social en las tierras. Para el caso de la subutilización, esta es generada por un desaprovechamiento o uso de menor intensidad en las tierras en comparación con la vocación de uso y las actividades productivas compatibles, este factor genera que ese suelo no cumpla con la función social y económica adecuada (IGAC y CORPOICA 2002).

Para el caso de la subregión, es importante resaltar que existe una discrepancia entre las cifras de caracterización dadas por las instituciones (Gráfico 5) pues, por un lado, según los datos del IGAC (2012) que se proyectan sobre la ficha de la subregión PDET, existe un 84% de uso adecuado del territorio, un 7,3% que corresponde a Subutilización, un 6,0% a Sobreutilización y un 2,7% correspondiente a otros (conflictos en áreas pantanosas, mineros o urbanos). De otro lado, bajo el diagnóstico que realiza el Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR,2019) se señala que para la subregión existe un 13% de tierras subutilizadas, un 12% de tierras sobreutilizadas, un 68% de uso adecuado y un 7% correspondiente a otros.

Gráfico 5. Conflictos de uso del suelo subregión Macarena - Guaviare

Fuente: Elaboración propia con datos Ficha PDET y PATR

Tal como se evidencia, estas cifras son el resultado del diagnóstico hecho para la implementación de los distintos instrumentos que plantea el AFP, específicamente para la figura de los PDET. Sin embargo, -como se desarrollará más adelante- en estos 4 años de implementación las dinámicas sobre el uso de los suelos se han intensificado. Esto debido a que, las condiciones de reconfiguración del conflicto armado (entrada de nuevos actores armados ilegales y la cooptación de dinámicas productivas por parte de estos), han permitido que las pretensiones de acceso uso y control territorial, intensifiquen los ya existentes conflictos de uso y vocación del suelo (conflictos ambientales), y que además los mismos se hayan transformado hacia una tipología de conflictos socioambientales.

Finalmente, para concluir este apartado, es necesario caracterizar las condiciones socioeconómicas de la población que habita los municipios que componen la Macarena - Guaviare. Como lo afirma el Programa de Bosques, árboles y Comunidades rurales (FTPP, 1999) existe una estrecha relación entre fenómenos como la pobreza, las conflictividades y la presencia, extracción y goce de los recursos naturales; según este mismo organismo el 80% de las personas y comunidades catalogadas como “pobres” en América Latina tienen en común que se encuentran asentadas en tierras marginales, poco fértiles y propensas a la degradación ambiental.

Para el caso de la subregión, el PATR (2019) señala que los 12 municipios que la componen se encuentran en categoría 6. Es decir, que según la ley 617, estos municipios tienen ingresos inferiores a 15 mil salarios mínimos y, bajo esta clasificación, su población no debería superar los 10 mil habitantes por municipio. No obstante, como se evidencia en la ficha de caracterización PDET (2017), la subregión Macarena - Guaviare posee una población total de 272.157 personas, lo que quiere decir que la subregión supera los 10 mil habitantes por municipio, hecho que explica en cierta medida cifras como las del Índice Sintético de condiciones de vida^[2] (52,8%), o el porcentaje de la red vial terciaria en mal estado (88,5%).

Asimismo, el FTPP (1999) también señala que, al existir una correlación directa entre la degeneración de los recursos naturales, la pobreza y el surgimiento de conflictos, además del posicionamiento de externalidades, las comunidades rurales se han visto obligadas a desplazarse paulatinamente hacia tierras ambientalmente frágiles que suelen ser zonas periféricas, con poca inversión estatal y propensas a la marginación. Este escenario particular se desarrolla en la Macarena - Guaviare ya que este ha sido un territorio gravemente afectado por las dinámicas del conflicto armado colombiano, esto se evidencia al observar las cifras del Índice de Incidencia del Conflicto Armado (IICA), que señala que en el periodo comprendido entre el 2000 y el 2013 (Gráfico 6) 10 municipios de la subregión sostuvieron el 83,3%  de afectación según cifras del DANE (como se citó por el DNP, 2017), además de albergar el 21, 4% de las víctimas en comparación con el resto de las subregiones PDET que es del 37,2%.

Gráfico 6

Fuente: Ficha PDET del DANE (citado por el DNP, 2017)

El panorama de la implementación

Partiendo del panorama presentado, es evidente que las condiciones socioeconómicas y el contexto de violencia que se ha establecido en la subregión constituyen las variables irrefutables que permiten entender la pertinencia de la implementación del AFP, como un instrumento al alcance de las comunidades, para subsanar y estabilizar las numerosas aristas y problemáticas históricas que confluyen en los territorios PDET.

En el caso de los conflictos socioambientales, el AFP (2016) plantea que, como parte de la RRI (apartado 1.1.10), debe ser prioridad del Gobierno nacional adoptar las medidas e incentivos necesarios que permitan prevenir e impulsar soluciones a los conflictos de uso y vocación de la tierra. Es así que, como parte del proceso de formulación de los PDET, se establecieron 8 pilares para implementar de manera esquemática y prioritaria tal reforma; dichos pilares plasmados en los PATR de cada una de las subregiones se agrupan en aspectos estructurales como educación, vivienda rural, salud, entre otros. Para el caso del panorama conflictivo relacionado con el uso y propiedad de la tierra, el pilar número 1 (Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo - OSPR) plantea como objetivo específico para la subregión Macarena - Guaviare:

Adelantar las gestiones para la regularización y protección de los derechos de propiedad, promover el uso adecuado del suelo, mejorar la planificación y ordenamiento ambiental y territorial, y poner en marcha mecanismos para la solución pacífica de conflictos de uso y tenencia de la tierra. (PATR Macarena - Guaviare, 2019. pp. 8)

Bajo la fase de concertación y construcción participativa de la Macarena- Guaviare se estipularon 14 iniciativas subregionales relacionadas con el OSPR, de esas 14 iniciativas 3 están directamente relacionadas con el manejo de conflictos socioambientales ocasionados por el uso y vocación del suelo.

Si bien, el PATR de la subregión en donde se encuentran contenidas tales iniciativas fue firmado y aprobado en enero de 2019, se evidencia que el proceso de gestión para el avance e implementación de tales disposiciones ha sido lento ya que, como estrategia del posterior Gobierno y su Plan Nacional de Desarrollo, se dispuso por parte de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) la construcción de una Hoja de Ruta Única (HRU). Dicha herramienta se define como el instrumento para agilizar y ordenar la implementación en un lapso de 15 años y tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de las 32.000 iniciativas que surgieron en las 16 subregiones PDET (ART, 2019).

No obstante, para el caso de la Macarena - Guaviare, el proceso de HRU se encontraba a corte de abril de 2021, apenas en fase de validación territorial en cada uno de los 12 municipios, en donde, como lo ha señalado el Instituto Kroc (2021) han sido las mismas comunidades las que han manifestado la exclusión y falta de convocatoria a organizaciones y liderazgos comunitarios que tienen interés e incidencia en estos espacios. Pues en este mismo escenario de la HRU, se han presentado la priorización de iniciativas de los PATR bajo criterios acordes con la ejecución de recursos y cumplimiento de las obligaciones de autoridades locales y municipales, mas no bajo las necesidades e intereses de las comunidades PDET.

Del mismo modo es evidente que, aunque el AFP en su formulación planteó una serie de instrumentos tendientes a estabilizar los conflictos socioambientales        en las zonas rurales, han sido sectores como la Alianza Multipartidista de Congresistas (2021) que, por medio de la veeduría, han alertado acerca del retraso en la implementación del AFP, puesto que, con corte a enero de 2021, a nivel legislativo el 38% de las normas necesarias para la implementación aún se encuentran pendientes, así, normas como la expedición de la jurisdicción agraria o el proyecto de ley de tratamiento penal diferenciado a pequeños cultivadores, se hallan aún sin ser expedidas y su retraso constituye un factor muy agravante para la situación en la subregión, ya que, por un lado, impide la resolución o mitigación de los conflictos ya existentes, y, por el otro lado permite el surgimiento de nuevas conflictividades asociadas a la disputa por los recursos, de mano de los actores armados que se han reconfigurado en el territorio a partir de la salida de la FARC del mismo.

En concordancia, el Instituto Kroc (2021) señala en su último informe de verificación a la implementación del AFP, que el año 2020 fue un periodo de pocos cambios. Específicamente en lo que se refiere al punto de RRI, es el punto que tiene menos avances y más disposiciones en un nivel mínimo de ejecución (64%). A su vez, para el contexto de disposiciones asociadas con el OSPR, el Instituto es enfático en señalar la necesidad de que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) emita el Plan de Zonificación Ambiental, pues esta es una de las disposiciones que viene sin ningún avance, y se le cataloga como una de las herramientas clave para dinamizar los procesos de ordenamiento social, ambiental y productivo de los territorios. (Instituto Kroc, 2021)

Conjuntamente, uno de los análisis más importantes que subraya el Instituto Kroc (2021) hace referencia a la intensificación de los enfrentamientos y acciones violentas entre los grupos armados ilegales (GAO), además de un notable incremento en la dinámica de confrontaciones y acciones armadas de los grupos emergentes tras la renuncia al proceso de paz, reconocidos en la opinión pública como “disidencias”, (GAOR). Estas dinámicas de violencia en los territorios priorizados son consecuencia directa de los vacíos, pocos avances y, en varias ocasiones, oposición directa de los grupos armados al cumplimiento del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), la ejecución de proyectos productivos, etc. Esto tiene una repercusión directa en el establecimiento de escenarios propicios para la persistencia de las problemáticas en las subregiones.

Si bien esta situación se replica en la mayoría de las 16 subregiones priorizadas, en la Macarena - Guaviare este contexto de retraso de los compromisos del AFP ha influido directamente en la persistencia de los conflictos socioambientales que ya estaban situados, a la par de la generación de nuevos conflictos producto de la cooptación de espacios por parte de la incursión de nuevos actores armados. Dichos conflictos no se limitan únicamente a la discrepancia en el uso del suelo, sino que, además, como lo afirma Ortiz (1999), escalonan de manera tal que sitúan relaciones de poder entre los actores en disputa. Dichas relaciones de poder se vinculan directamente con los intereses y capacidades de los involucrados, quienes, en el caso de la subregión, tienen un poder asimétrico (comunidades - actores armados ilegales). En este caso las estructuras armadas sostienen un control expresado en estructuras, mandos y armas que doblegan a las comunidades campesinas. Tal clasificación de los actores permite clarificar el tipo de repercusiones y escenarios, que en el caso de la Macarena -Guaviare se convierte en una disputa tendiente a lo local - regional. 

Los actores armados como protagonistas de la degradación del suelo

Los cultivos ilícitos en Colombia han sido una de las problemáticas socioambientales más importantes en la historia del país, pues, dada la imposibilidad de integración económica y social de estos territorios a los mercados locales y regionales, tal actividad se estableció como el único sustento económico viable para las comunidades campesinas excluidas.

En el caso de la subregión, fue en la década de los años 80 cuando en el caso del Meta, en dos períodos de auge (1985 y 1995) (2000 y 2004) y en el caso del Guaviare entre 1984 y 1986, la producción del cultivo de hoja de coca desplazó aceleradamente tanto cultivos agroalimentarios como cultivos de marihuana (Hurtado, 2012). Fue a partir de este escenario que, como lo afirma Gutiérrez (2015), las múltiples estructuras armadas ilegales fundaron su sustento económico y operacional bajo el narcotráfico, ya que tal actividad genera los recursos necesarios para desarrollar una guerra altamente militarista.

Si bien el proceso de paz en Colombia supuso la salida y dejación de armas del antiguo Bloque Oriental de la ex guerrilla de las FARC - EP de los municipios de la subregión, ha sido en lo corrido de los cuatro años de implementación del AFP, en donde los antiguos GAO (Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), El Bloque Meta, Los libertadores del Vichada) y los nuevos grupos disidentes GAOR (Frente 1 y 7 de las FARC – EP) se han situado indistintamente en las zonas rurales y selváticas, cooptando las zonas de incidencia de la guerrilla saliente.

La Tabla 1 señala, a partir de la información contenida en los informes sobre grupos armados en Colombia ejecutados por INDEPAZ (2020) y (2020a), la presencia y afectación en los municipios de la subregión tanto de estructuras armadas narcoparamilitares (GAO) y disidencias (GAOR), en tres de los 4 años de implementación del AFP.

Tabla 1. Municipios de la subregión con afectaciones por grupos armados

Fuente: Elaboración propia con datos de INDEPAZ (2020)

A su vez, la Tabla 2 corrobora con las Alertas Tempranas (AT) emitidas por la Defensoría del Pueblo, cómo en los años del postacuerdo se ha dado una reconfiguración paulatina de antiguos grupos armados como las AGC. Quienes, según INDEPAZ (2018), tienen el propósito de expandirse y controlar los departamentos del Meta, Guaviare, Casanare y Vichada, zonas donde solían hacer presencia las FARC-EP. Para tal fin, las AGC se han organizado en el territorio bajo alianzas con la estructura de Los Puntilleros (estructura armada compuesta por el Bloque Meta y Los Libertadores del Vichada) con el fin de controlar las rutas del narcotráfico hacia Venezuela y Brasil, para asegurar la producción y salida de cocaína. 

Tabla 2. Reporte de GAO Y GAOR según información de la Defensoría del Pueblo

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema de Alertas Tempranas

Para el caso de los GAOR o de las llamadas disidencias, INDEPAZ (2020) identificó lo que se denomina como el Bloque Suroriental, este está compuesto por una confederación de estructuras ubicadas en la región de la Orinoquía y Amazonía que se declararon en oposición al AFP. En este bloque se encuentran el Frente 1 y 7 de las disidencias FARC -EP, quienes ejercen control fluvial sobre puntos estratégicos hacia Venezuela y Brasil, principalmente en zonas cercanas a la Serranía de La Macarena y el PNN Nukak. Esto les permite coordinar el envío de la cocaína que se procesa en Colombia y que se negocia con carteles mexicanos como el de Sinaloa.

Como se evidencia, si bien la subregión antes de la firma del AFP contaba con la presencia del Bloque Oriental de las extintas FARC - EP, quienes tenían algunas disputas con grupos narcoparamilitares descendientes de las AUC, en el periodo de tiempo comprendido entre 2016 y 2019 se refleja una acelerada conflagración y ocupación territorial por parte de los GAOR. Lo anterior, según INDEPAZ (2018), obedece a un fenómeno en el que los GAOR se sitúan en el territorio ya sea porque no existió un desarme, porque existe una estructura de continuidad de la organización político militar de las FARC-EP o porque tales organizaciones se concluyen como un fracaso del acuerdo de paz.

Este panorama explica lo denunciado en las diferentes AT, donde se afirma que la persistencia de las rentas y negocios ilícitos asociados con los cultivos de coca, la apropiación ilegal y el acaparamiento de tierras, ha generado la incursión de los grupos armados en figuras de ZRF y PNN, así como la oposición violenta hacia las iniciativas de sustitución y erradicación voluntaria de cultivos ilícitos como los PNIS.

En relación con esto, INDEPAZ (2020a) señala que para los departamentos que componen la subregión Macarena - Guaviare se han registrado 46 asesinatos a líderes sociales y defensores de DDHH en el periodo comprendido entre 2016 y 2020, a su vez se han reportado 22 homicidios (Meta) - 7 homicidios (Guaviare) a personas firmantes en proceso de reincorporación, 2 asesinatos a personas líderes del PNIS y 2 masacres en los respectivos departamentos de la subregión en el periodo de los 4 años de implementación.

Este contexto de recrudecimiento de la presencia de los grupos armados en la subregión y las oleadas de violencia de los últimos años tiene una relación directa con la existencia y exacerbación de los conflictos socioambientales generados por el inadecuado uso de los recursos naturales escasos (la tierra particularmente). Sobre esto, se puede afirmar que los grupos armados ven la tierra, el suelo, los corredores fluviales etc., como “cosas” u “objetos” que deben ser poseídos y apropiados, pues son necesarios para la obtención de capital. (Orellana, 1999)

Tal visión resulta ser altamente problemática pues, al estimar estos recursos naturales como cosas sujeto de apropiación, no se consideran las nefastas consecuencias que se pueden generar a nivel ecológico y ambiental. Además de agravar e incrementar a nivel social las oleadas de violencia, desplazamiento y la multiplicidad de hechos victimizantes de las comunidades habitantes de la subregión. 

La coca y el acaparamiento de tierras; consecuencias ambientales y victimizantes en la subregión

Como parte de este trabajo, se comprende la relevancia que tienen todas las actividades productivas y sus repercusiones a nivel ambiental y social, ya que, son percibidas como externalidades que afectan el panorama físico y biológico de la subregión. No obstante, nos hemos centrado en describir tales conflictos a partir de la relación de estos con los grupos armados, entendiendo que es sobre este aspecto que se evidencia un cambio en el periodo de tiempo transcurrido para la implementación del AFP.

El IDEAM (2018) señala que la praderización para la apropiación ilegal o acaparamiento de tierras, y la expansión de los cultivos de uso ilícito, constituyen el escenario de las principales actividades productivas controladas por los actores armados GAO y GAOR. Estas contribuyen directamente a escenarios de violencia, pérdida de bosque y deterioro del suelo.

El acaparamiento de tierras se entiende como un fenómeno global en donde se realizan arrendamientos o compras masivas de tierra con fines productivos, y se genera un cambio en el acceso y la propiedad de la tierra. Según Torres (2020), en las dinámicas actuales el proceso incluye negociaciones rápidas y secretas suscritas entre actores externos que tienden de manera mayoritaria a excluir a los propietarios locales y a las comunidades. Para el caso de la Macarena - Guaviare se entiende que tal situación es común en la cotidianidad pues, como retrata DeJusticia (2019), las comunidades manifiestan que diariamente aparecen actores externos con el interés de comprar miles de hectáreas potrerizadas para sembrar palma o instalar ganado. Bajo esta coyuntura, “los campesinos son empujados, por su precaria situación a deforestar predios para venderles y, luego, colonizar más selva para asegurar su sustento.” (DeJusticia, 2019, párr. 1) 

Es bajo el periodo de implementación del AFP cuando se evidencia un cambio preocupante en las dinámicas de uso de los recursos. Como lo manifiesta Botero (2018), desde que las disidencias (GAOR) han hecho presencia en zonas de la Amazonia y la Orinoquia han dado la “autorización” para seguir parcelando y entregando el área de los PNN o territorios en ZRF por cifras que oscilan entre $500.000 y $1.000.000 por hectárea deforestada. Lo anterior resulta preocupante ya que, en el caso de la ZRF, se entiende que una vez deforestados estos “parches” de tierra, son las entidades competentes las que realizan la sustracción del terreno de la figura ambiental para posteriormente otorgar la titulación. Asimismo, en el caso de los PNN, si bien no son sujeto de sustracción, tales actividades afectan la pérdida de bosque y la migración de especies endémicas. (Cendales, 2020)

El Gráfico 7 hace una comparación en las cifras de deforestación de la subregión Macarena - Guaviare en el periodo comprendido entre el 2012 - 2019. Esto con el objetivo de exponer el cambio evidenciado desde la salida de las FARC - EP del territorio. Prem & Vargas (2018), aseguran que a partir del alto al fuego y la dejación de armas de las FARC -EP hubo un aumento del 0,12% en la deforestación en las zonas donde esta guerrilla solía hacer presencia. En el caso de la Macarena - Guaviare los picos de deforestación más altos se dan en el periodo 2016 - 2018

Gráfico 7. Deforestación subregión Macarena - Guaviare (2012 – 2019)
                                                                                                                                   Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por el IDEAM

Sobre eso, Negret et al. (2019) afirma que la presencia de grupos armados en algunos casos puede reducir la deforestación al utilizar o “guiar” de cierta manera a la población local hacia actividades económicas relacionadas con la guerra. En el caso de las FARC - EP, estas imponían costosas cuotas que regulaban las actividades económicas e inversiones potencialmente dañinas para el medio ambiente.

¿En qué se diferencian entonces los GAO y GAOR que hoy hacen presencia en la subregión?, retomando a Negret et al.  (2019) se entiende que la salida de las FARC - EP de los territorios y la entrada de nuevos o reconfigurados grupos armados, supuso un escenario de anarquía en las comunidades, en donde se puede inferir que “la explotación ilegal de recursos derivada de la anarquía y la anarquía generada por los altos niveles de conflicto armado conduce a un aumento de los niveles de deforestación” (Negret et al, 2019, pp.6). Lo anterior coincide con lo revelado en los informes sobre grupos armados de INDEPAZ (2018), en los cuales se evidencia que la reconfiguración de estos grupos armados no obedece a una estructura jerárquica con miras a un fin político o la toma del poder, sino que, por el contrario, el fin de tales estructuras constituye la apropiación de rentas y economías ilícitas desde un fin económico y no organizativo.

Justamente, esta serie de dinámicas productivas en torno a la praderización y deforestación de bosques también son rentables y convenientes para los diferentes grupos armados a la luz de la expansión y desplazamiento de los cultivos de coca.  Esto se debe a que, como se mencionó con anterioridad, el IGAC (2002) manifiesta que los suelos forestales son superficiales y presentan una fertilidad muy baja lo que hace que su tiempo de producción sea muy corto debido a su composición biológica. Esto hace necesario desplazar el cultivo hacia tierras inexplotadas, adentrando este tipo de actividades ilícitas hacia zonas boscosas; hecho que también permite situarse en zonas de difícil acceso y rastreo para las instituciones y autoridades. Los cultivos de coca, ha señalado el MADS (2019), están relacionados con la pérdida y migración de la fauna y flora. Además, conllevan a problemáticas como la deforestación, el aumento de la erosión y la desertificación.

A partir de las cifras consultadas en los informes de UNODC (2020) si bien las hectáreas de coca (Gráfico 8) han disminuido para la subregión en los últimos 4 años, pasando de: 12.302 ha (2016), 10.500 ha (2017), 7.285 ha (2018) y 4.585 ha (2019), tal fenómeno se explica en que tanto los GAO como los GAOR han desplazado la actividad de cultivos ilícitos hacia zonas de PNN.

Gráfico 8. Área sembrada con coca Meta - Guaviare (2010 - 2019)

Fuente: Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2019. UNODC-SIMCI, (2020)

Esta situación es aún más perjudicial pues, al constatar las cifras de área sembrada con cultivos de coca sobre los PNN (Gráfico 9) con las cifras de deforestación de los municipios pertenecientes a la subregión Macarena Guaviare (Gráfico 10) en el periodo 2016 - 2019, se evidencia que son los municipios de La Macarena y San José del Guaviare, con su respectiva cercanía a los PNN Nukak y la Sierra de La Macarena, los que más concentran áreas con cultivos de coca y, por tanto, mayores índices de deforestación.

Gráfico 9.

Fuente: Elaboración propia con datos de UNODC - SIMCI (2020)

Gráfico 10.

Fuente: Elaboración propia con datos del IDEAM

Finalmente, al comparar las cifras de deforestación de los municipios con el número de personas víctimas de hechos violentos en el mismo periodo (Gráfico 11), se evidencia que estos se constituyen como dos sucesos vinculados y equiparables de manera más notoria en el municipio de San José del Guaviare.  

Gráfico. 11

Fuente: Elaboración propia con datos del IDEAM y el RNI Unidad de víctimas

Conclusiones

La firma del Acuerdo final de paz constituía en muchos escenarios la esperanza de estabilización y reparación histórica que merecen las comunidades marginadas del país, tal escenario se observaba como uno de los pactos más ambiciosos en términos de transformación de las realidades rurales al dar prioridad en inversión y focalización de los territorios más marginados.

A cuatro años de la firma y partiendo del análisis de las condiciones del estudio de caso, es posible concluir que: en un primer momento la salida de las FARC -EP del territorio se constituyó como un escenario alentador dada la dejación de armas. Sin embargo, las consecuencias inmediatas fueron el vacío regulatorio que imponía la guerrilla dada la carente actuación y presencia del Estado en el territorio. Esto resulta problemático porque ha permitido, no solo que los actores armados se disputen el “botín” que dejó las FARC de una manera descontrolada, sino que además ha logrado exacerbar aún más la brecha de acceso a los recursos naturales atizando las disputas socioambientales entre actores con capacidades y roles de poder asimétrico.

Asimismo, el hecho de que las estructuras armadas que hoy se disputan la subregión sirvan como brazo armado de múltiples actores (legales) y otorguen bajo el poder de las armas “permisos” para seguir reproduciendo patrones de concentración de la tierra, es un duro golpe y un gran retroceso a nivel social y ambiental, pues se desdibujan las luchas históricas de las organizaciones y comunidades campesinas que han conseguido establecerse y persistir en la instauración y protección de los territorios a partir de figuras de manejo especial como los PNN y las ZRF.

Otro factor de análisis importante se constituye en el discurso que ha manejado el Gobierno Nacional, el cual ha argumentado que los retrocesos en el AFP se dan a partir de la negación de las comunidades campesinas a erradicar cultivos de uso ilícito y, por lo tanto, la persistencia de la coca en las subregiones justifica el incremento de factores como la sobreutilización de los suelos y la deforestación. No obstante, como se mostró en el análisis de caso, si bien los grupos armados GAO y GAOR tienen un control relevante sobre las economías ilícitas, el papel de tales grupos armados no puede servir como cortina de humo para invisibilizar la proliferación de actividades productivas como la ganadería, el acaparamiento de tierras y la instauración de monocultivos. Son estas actividades, las cuales se encuentran impulsadas por actores legales y cuentan con poco o nada de regulación de las instituciones, las que constituyen e inciden de manera muy relevante en la exacerbación de conflictos socioambientales en la subregión.

Frente al interrogante sobre cuál es la relación existente entre la presencia de conflictos socioambientales y los intereses de ocupación territorial de los actores armados en la subregión, se puede concluir que tal relación se constituye en la apropiación, lucro y usufructo de los recursos escasos. La principal consecuencia de esto es que se siguen generando fenómenos como la subutilización del suelo (en el caso del acaparamiento y apropiación de tierras) y una posterior sobreutilización del suelo (en el caso del establecimiento de cultivos de coca o monocultivos). Como tal, los actores armados que hacen presencia en la Macarena – Guaviare no tienen una intención política ni algún tipo de reivindicación social que justifique su incursión y control de las rentas ilícitas y mucho menos su accionar armado y violento. Tal situación, existe a partir de la incapacidad del Estado y la inoperancia de este, al nivel en que aun después de una negociación de paz y la posterior salida de un actor armado tan importante como las FARC, el Estado no logró (por acción u omisión) cooptar de manera apropiada los vacíos allí situados.

Esta constituye la realidad de los conflictos socioambientales en la subregión, durante estos 4 años de post acuerdo, las comunidades campesinas y étnicas, los recursos naturales y la diversidad biológica de la subregión, se encuentran sujetas a una serie de dinámicas de depredación productiva y de expansión de capitales. Esto nace dentro del contexto de una serie de reformas y disposiciones normativas estatales que no han resuelto la disputa por los recursos naturales en Colombia. Ahora bien, cabe la pena preguntarse si el AFP representa una solución eficaz o, por el contrario, se suma al cúmulo de reformas agrarias y de la propiedad que irónicamente han servido como instrumentos para ampliar una brecha de inequidad, ya que, como se evidenció, los recursos y suelos que componen la subregión son productivos para otro tipo de actividades. A pesar de eso, el AFP no cambia el modelo económico colombiano, el cual, aunque ha demostrado ser ineficaz, sigue rigiendo la ruralidad Colombia. Lo que lleva a preguntarse si en realidad existe la posibilidad de una pronta mejora.

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