Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales

El feminismo: agente repolitizador de la democracia fatigada en Colombia1

Feminism: A Repoliticizing Agent of Colombia's Fatigue Democracy

Vianey Lucía Joya Mayorga*

María Alejandra Casanova Gómez**

Recibido: 1/12/2023
Aprobado: 20/06/2024

Resumen

La crisis de la democracia, presente en diversos países de América Latina, ha sido producto del quiebre de las expectativas, el incremento de la desconfianza civil, la gran variación en la representación política y el amplio cuestionamiento hacia los partidos políticos. Es esto, lo que Alcántara (2021) denomina “Democracias Fatigadas”, un escenario donde el sistema democrático sufre una embestida desdemocratizadora como consecuencia del neoliberalismo y las dinámicas patriarcales. Ambos factores, dan lugar a la formación de individuos que, reprimiendo la noción de lo colectivo —sustentada en relaciones intersubjetivas de cuidado— producen una exclusión de voces dentro del escenario público.

Bajo este panorama, la agenda feminista se constituye como un mecanismo para problematizar la exclusión de aquellos que quedan relegados de la esfera pública a la privada, brindando herramientas para generar procesos de democratización y repolitización, a través de la redefinición de las esferas y las relaciones de género, la visibilización de asuntos que históricamente se han considerado como privados, y la participación visible y latente de los diferentes actores, propendiendo por una verdadera representación de “actuar por” las banderas de la agenda feminista, en aras de la reivindicación de sus derechos sociales, civiles y políticos.

Así las cosas, la presente ponencia tiene como objeto analizar el papel del feminismo como agente repolitizador de la democracia fatigada en Colombia. A partir de un enfoque metodológico de carácter cualitativo, se pretende responder a la pregunta: ¿De qué manera el feminismo se constituye como un agente repolitizador de la democracia fatigada en Colombia? Para ello, se realizará una revisión conceptual de la crisis democrática en América Latina, con especial énfasis en el caso colombiano. Posteriormente, se llevará a cabo un análisis documental de los movimientos y organizaciones feministas surgidos durante la tercera y cuarta ola en Colombia. Finalmente, se evaluará el impacto del feminismo como movimiento que promueve el liderazgo, repolitiza la esfera pública y genera nuevos procesos de democratización.

Palabras claves

Democracia fatigada, Feminismo, Repolitización, Representación, Participación, Colombia.

Abstract

The crisis of democracy in several Latin American countries is due to a collapse of expectations, a rise in citizens' distrust, significant variations in political representation and widespread questioning of political parties. Alcántara (2021) calls this phenomenon "Democracy Fatigue". The democratic system is being de-democratized under the influence of neoliberalism and patriarchal dynamics. These factors shape individuals and neglect the importance of collective groups formed through caring intersubjective relationships, resulting in the exclusion of certain voices in the public arena.

In this scenario, the feminist agenda aims to challenge the exclusion of individuals relegated to the private sphere by problematizing it. To generate democratic and repoliticization processes, it provides tools for redefining gendered spheres and relations. Specifically, it examines how it brings to light previously private issues and mobilizes diverse actors to work towards the feminist agenda. The feminist movement represents the quest for social, civil, and political rights.

The paper examines how feminism serves as a repoliticization force for a depleted democracy in Colombia. Using a qualitative methodology, this study seeks to answer the following question in what ways does feminism function as a repoliticization agent for Colombia's Democracy Fatigue? To achieve this goal, a conceptual analysis of the democratic crisis in Latin America will be carried out, with a focus on the Colombian scenario. This will be followed by a documentary study of the feminist movements and organizations that emerged in Colombia during the third and fourth waves. Finally, an assessment will be made of the role of feminism in political participation as a catalyst for leadership, leading to a reconceptualization of the public sphere and the development of new democratization initiatives.

Key words

Democracy Fatigue, Feminism, Repoliticization, Representation, Participation, Colombia.

Introducción

En la última década, los sistemas políticos latinoamericanos han enfrentado una crisis de la democracia caracterizada por su creciente fatiga en la región. La desafección de los ciudadanos hacia la institucionalidad, impulsada por los altos índices de corrupción y los bajos niveles de representatividad, han resultado en la fragmentación y proliferación de partidos políticos. Además, el fortalecimiento del modelo neoliberal, que opera bajo lógicas extractivistas, coloniales y patriarcales, ha fomentado el desarraigo, la incredulidad y la insatisfacción con el sistema democrático.

En Colombia, la noción de democracia se concibe como un antídoto para fortalecer la legitimidad institucional, afectada y lacerada por la violencia y el desequilibrio social que han sumido al país en la degradación política. Pese a ser reconocida como la democracia más estable de la región, Colombia ha experimentado procesos de despolitización que han desencadenado en movilizaciones sociales que buscan transformar la idea de representación, desafiando la visión elitista y monolítica, y promoviendo la configuración de un poder más pluralista.

Desde esta perspectiva, el feminismo se entiende como una herramienta de cambio de paradigma. En un contexto caracterizado por una política agotada por dinámicas patriarcales que restringen y excluyen a los cuerpos feminizados de las instituciones, el movimiento feminista se convierte en un agente repolitizador que llevará al reconocimiento y la participación de diferentes actores en la esfera pública. De esta manera, se construye una nueva colectividad que reivindica el papel de la mujer en la sociedad, a través de la configuración de una agenda feminista que tiene como propósito conectar la esfera privada con la pública, permitiendo establecer una verdadera representación de aquellos que, históricamente, no han tenido voz. 

La transformación social no ocurre simplemente por una concentración masiva a favor de una causa, sino a través de las formas en las que las relaciones sociales cotidianas son rearticuladas y nuevos horizontes conceptuales abiertos por prácticas anómalas y subversivas (Butler, 2001, p.20).

De la estabilidad democrática hacia su agotamiento

La democracia, más allá de ser definida como el gobierno del pueblo, corresponde a un conjunto de relaciones libres y voluntarias que se expresan mediante la participación política en la esfera pública. La confianza, pilar fundamental de este sistema, actúa como una red en donde se tejen interacciones entre los diferentes actores, a fin de construir una idea de colectivo común. Este sistema se hace eficiente en tanto contiene “un conjunto de reglas formales que garanticen a los ciudadanos contar con oportunidades para: (I) formular sus preferencias, (II) manifestarlas individual y colectivamente entre distintos actores y (III) recibir del gobierno igualdad de trato” (Cordourier, 2015, p. 583).

Sin embargo, este sistema no es efectivo simplemente por contener un conjunto de reglas formales, sino que, se hace necesario que se exprese la soberanía del pueblo y la igualdad política entre la sociedad civil, pues, tal como enunció Dahl, (como se citó en Cordourier, 2015) la democratización incluye dos aspectos: oposición y participación. Ambos elementos se manifiestan cuando las instituciones aseguran a la sociedad civil una serie de libertades para oponerse al gobierno y para participar en el control y la discusión pública (Cordourier, 2015).

En ese sentido, la participación se compone de dos dimensiones: la electoral y la no electoral. La primera, se institucionaliza a partir de la extensión del sufragio y la apertura de oportunidades para que la sociedad civil pueda constituir partidos políticos, los cuales actúan como instituciones de representación que fortalecen la centralización o descentralización, mediante la libertad de elección de los electores (Cordourier, 2015; Duverger, 1957, p. 171). Esto les permite competir en elecciones libres, recibir financiamiento público y privado, y conservar su autonomía con respecto al gobierno. Por su parte, la participación no electoral abarca la organización de acciones colectivas y movimientos sociales que se expresan en protestas, marchas, huelgas y otras formas de antagonismo político. En consecuencia, “la participación política puede darse en un espectro amplio de regímenes con distintos grados de liberalización y representatividad” (Cordourier, 2015, p. 589).

Desde 1991, América Latina ha experimentado uno de los avances más significativos hacia la democracia en su historia. Estos procesos han sido clasificados en distintos modelos de regímen: democráticos, semi democráticos o autoritarios (Mainwaring & Pérez-Liñán, 2015, p.270). Sus transiciones y consolidaciones han ocurrido a velocidades vertiginosas, configurándose, más que como una ola lenta, como una explosión de cambios que caracterizan países con: erosión, estancamiento, o estabilidad democrática, aunque con defectos (Mainwaring & Pérez-Liñán, 2015). No obstante, solo en cuatro de los quince países existían condiciones suficientes para que se produjera dicha transición de forma exitosa, mientras que los otros once, carecían de una tradición democrática que impedía su instauración (Torres-Rivas, 2005). 

¿Es políticamente incorrecto afirmar que muchos de esos países no estaban preparados para la democracia? No importa, pues esas once sociedades son desde entonces regímenes de democracia electoral. Y como ya puede irse intuyendo es en las democracias nuevas donde las crisis aparecen con mayor frecuencia (Torres-Rivas, 2005, p.146).

Con base a lo anterior, el problema de la crisis se origina a partir de una creciente contradicción entre las dinámicas del capitalismo globalizado y el modelo político de las democracias participativas. En este escenario, el mercado distribuye la riqueza de forma desigual, generando un empobrecimiento de ciertos sectores de la sociedad, lo que conlleva al fortalecimiento de las desigualdades en el ejercicio del poder. Como resultado, se genera una ciudadanía de segunda clase, donde “se prefiere a personas con muchas tarjetas de crédito en su vida privada y no a militantes diestros en el reclamo de sus derechos en la arena pública” (Torres-Rivas, 2005, p. 148). En consecuencia, se obtiene una economía que busca suprimir la influencia de la política, debilitando la capacidad del Estado y provocando una forma de democracia de baja intensidad (Torres-Rivas, 2005).

Así pues, la desarticulada configuración de la dirección y el ritmo del movimiento histórico que no se sincroniza con los del capitalismo (Boron, 2003), corresponde entonces, al epicentro de la crisis de la democracia. Por lo tanto, los procesos democráticos tropiezan constantemente con un mercado mundial “cuyos centros dominantes se han vuelto más escépticos acerca de las virtudes de la democracia en sus propios países, y bastante indiferentes—cuando no disimuladamente hostiles—ante los intentos de instituirla en las sociedades dependientes” (Boron, 2003, p.247).

Por esta razón, los procesos de democratización en la región estuvieron acompañados por la “pauperización de extensas franjas de la sociedad civil” (Boron, 2003, 234). La situación política varía de un país a otro, por lo que es difícil generaliza. Sin embargo, los países de América Latina se han enfrentado desafíos comunes como la inestabilidad política, la corrupción, la desigualdad social, la crisis económica, la desafección y erosión de las instituciones políticas, así como los altos índices de violencia y criminalidad.

“En Colombia, al igual que en el resto de América Latina, tiene lugar un doble proceso de transición: transición hacia la democracia y transición hacia una economía de mercado” (Lechner como se citó en Pizarro, 1992, p. 137). La idea de la democracia como antídoto para la violencia, la poca legitimidad de las instituciones, el proceso de formación nacional inconcluso, además de los latentes desequilibrios sociales y regionales (Pizarro, 1992), resultó atractiva para un país inmerso en la degradación política. Por este motivo, en 1991 se convocó a una Asamblea Constituyente con el objetivo de resolver la crisis política, social y económica que afectaba a Colombia.

No obstante, aunque se esperaba que la Nueva Constitución sirviera como herramienta de modernización política, impulsando la democracia participativa y facilitando un pacto democrático nacional para superar los viejos moldes políticos e institucionales, se encontraron resistencias por parte de sectores propensos a la polarización extrema. Así, los partidos políticos y el congreso no desempeñaron adecuadamente su papel estratégico para darle un marco legal a las nuevas normas constitucionales, dando como como resultado, la afectación de los procesos de democratización a partir del desarraigo de las instituciones políticas (Pizarro, 1992). 

A los factores previamente mencionados, se le suman los hechos desfavorables acontecidos durante la década de los 90’s, los cuales se exacerbaron a causa de la agudización del conflicto entre los diferentes actores que llevarían a agravar el orden público. De la misma manera, los enfrentamientos, desacuerdos y desautorizaciones entre las instancias institucionales, pugnarían con el esquema que se había creado con la Constitución de 1991.

La crisis de la democracia en Colombia se manifiesta como el resultado de una prolongada guerra interna que ha obstaculizado la consolidación de un verdadero proceso democrático. Este conflicto representa la incapacidad de establecer una democracia estable en el país, ya que los avances democráticos logrados durante la última década del siglo XX fueron “frágiles y eminentemente reversibles, principalmente debido a la persistencia del conflicto armado con grupos insurgentes” (Pizarro, 1992).

En un clima de guerra interior, la protesta ciudadana sigue siendo criminalizada, la oposición continúa siendo percibida por algunos sectores del aparato estatal como subversión del orden y la acción política resulta muy limitada debido a la alteración del orden en zonas claves del país. En suma, el tránsito del conflicto armado a una participación política abierta continúa siendo muy precaria (Pizarro, 1992, p. 157).

Por consiguiente, la democracia ha operado de tal forma que el Estado, como menciona Pecaut (2003), ha sido precario. Por un lado, la violencia ha erosionado las instituciones gubernamentales, resultando en una presencia limitada del Estado a lo largo del territorio nacional y en la incapacidad de garantizar los derechos y libertades fundamentales a gran parte de la sociedad civil.

Por otro lado, la falta de resolución de las tensiones sociales ha permitido la aparición y persistencia de grupos armados que obtuvieron un fortalecimiento del control de diferentes entidades territoriales, configurando una vasta red de clientelismo y corrupción. Este panorama político ha alimentado un profundo descontento y desconfianza ciudadana hacia las instituciones democráticas. Asimismo, es fortuito agregar que, la incapacidad de las élites para concebir y poner en marcha un verdadero proyecto de integración social, explica el constante estado crítico del país (Moreno, 2010).

Con esto en mente, la democracia se ha ido construyendo en los espacios que ha dejado la guerra, y la política, a pesar de su deterioro, continúa siendo el principal instrumento de cambio social (Comisión de la Verdad, s.f.). No obstante, el quiebre de las expectativas y la variabilidad de la representación surgen como elementos que agotan el sistema e impiden el ejercicio pleno de la ciudadanía. Ambos elementos conforman lo que Alcántara (2021) describe como una “democracia fatigada”: un sistema caracterizado por el incremento de la desconfianza hacia las instituciones y la fragmentación de los partidos políticos que se deriva en la aparición de campañas individuales y personalismos políticos. Asimismo, bajo una democracia fatigada se reproduce una cultura política basada en la “sociedad líquida” (Bauman, 2003), donde se privilegia el individualismo en detrimento de la idea de colectividad, lo cual contradice la noción de democracia pluralista.

En efecto, la conformación de movimientos sociales y acciones colectivas se organizan en función de una sociedad que, durante mucho tiempo, ha presentado síntomas de fatiga debido a la pérdida de confianza en las instituciones, el retraimiento de lo público y en la insatisfacción con la democracia (Alcántara, 2019, p. 11). Por lo cual, la construcción de diferentes narrativas genera una predominante radicalización que, en el clima de opinión, agudiza el conflicto social a causa de pautas que son arraigadas de un modelo neoliberal que profundiza la desigualdad, la exclusión social y la corrupción.

Es entonces, la construcción de partidos políticos una forma de subsanar los problemas de representación y construcción de identidades, buscando cumplir una función de intermediación entre el aparato gubernamental y la ciudadanía en el ejercicio de agrupar todas las demandas de la sociedad. No obstante, el desarrollo de esta noción queda rezagada ante la presencia de un alto grado de variación en la representación política produciendo, de esta manera: fragmentación, volatilidad, desconfianza en las instituciones, falta de identidad y baja valoración de la democracia.

En consecuencia, menciona Alcántara (2019):

La crisis de la democracia representativa tiene su epicentro en el deterioro del papel clásico de los partidos políticos que sufren una dramática pérdida de identidad y son capturados por parte de candidatos que priman proyectos de marcado carácter personalista (p. 11).

En Colombia, en la década de los 90’s, con la apertura democrática de la nueva Constitución Política, se genera un sistema multipartidista atomizado que llevó a constituir una proliferación de partidos ocasionando una alta fragmentación de los existentes. “Para el año 2002 existían 69 partidos con personería jurídica” (Giraldo & Muñoz, 2014, p.18). Esta proliferación, animada por la nueva Carta Política, llevó a la ciudadanía a una situación confusa en la política electoral, puesto que, como mencionan Mainwaring y Torcal (como se citó en Duque, 2014) “con sistemas fragmentados, partidos que aparecen y desaparecen, es menos probable que los ciudadanos identifiquen cuáles son los partidos y dónde se posicionan, con consecuencias adversas para la representación programática” (p. 329), produciendo una desafección hacia estas instituciones.

Posteriormente, con las reformas del código electoral del 2003 y 2009, se buscaron soluciones para enfrentar esta problemática a través del establecimiento del umbral3que los partidos y movimientos políticos debían obtener para conservar su personería jurídica, y así mantenerse en el juego electoral. A pesar de las reformas realizadas, veinte años después surgieron 35 partidos políticos con personería jurídica en la contienda electoral (Código Nacional Electoral, 2023). Este incremento en el número de partidos refleja la constante reconfiguración del sistema político, caracterizado por una alta volatilidad derivada de la movilidad e inestabilidad de los electores partidistas. Esto se desarrolla en un contexto de polarización ideológica y débil cohesión intrapartidista, donde los ciudadanos no se identifican ni establecen vínculos solidos con las agrupaciones políticas (Duque, 2014; Giraldo & Muñoz, 2014).

En consecuencia, de acuerdo con Duque (2014), la falta de representatividad ha acarreado en un alto personalismo de la actividad política, que a su vez, ha traído consigo el detrimento de la confianza en las instituciones públicas y políticas, debido no solamente a su baja capacidad de respuesta en políticas, legislación y decisiones que permitan solucionar los problemas de la sociedad, sino que, además se encuentran permeadas por problemas severos de corrupción y condiciones que favorecen la formación de ramas clientelares.

Los procesos de desinstitucionalización de los partidos, tanto por dinámicas internas como externas, han contribuido significativamente a la disminución de la confianza pública en las instituciones. Como se observa en el gráfico 1, casi el 70% de los encuestados muestra poco o ningún nivel de confianza en los partidos políticos, en contraste con solo el 2,9% que declara tener mucha confianza. Este fenómeno ha debilitado el sistema democrático, enfocándolo en la reproducción del poder, el ascenso y la consolidación de ciertos liderazgos y élites de la esfera pública (Duque, 2014).

De este modo, el proceso de desafección hacia los partidos políticos genera un clima de desarraigo respecto al sistema democrático, exacerbado por las dinámicas del sistema colombiano que generan insatisfacción con la democracia. Tal como se observa en el gráfico 2, el 69,6% de los colombianos se sienten poco o nada satisfechos con este modelo, mientras que solo el 6% manifiesta estar muy satisfecho. Esto evidencia que, “a largo plazo, la insatisfacción con el funcionamiento práctico de la democracia puede erosionar el apoyo a la democracia en términos generales” (Rivera, D. et al., 2021, p.14).

Dentro de este marco, Jürgen et al., 2019 mencionan:

Aarts and Thomassen (2008) encuentran que la satisfacción con la democracia depende de la percepción positiva de representatividad. Se podría argumentar que cuanto más proporcional sea un sistema electoral, más representativo será el parlamento en términos de diferentes puntos de vista políticos, étnicos, minoritarios, etc. Esto, a su vez, implica que los sistemas consensuales son más inclusivos en el reparto del poder (Listhaug et al., 2009). Por lo tanto, esperamos que una representación más amplia vaya de la mano con un mayor nivel de satisfacción con la democracia (p. 359).

Entonces, la representatividad debe considerarse como un factor crucial para el adecuado funcionamiento del sistema democrático colombiano. A pesar de que “el reparto de curules y escaños no siempre es una variable determinante en la construcción de representatividad” (Giraldo & Muñoz, 2014, 376), un sistema de partidos debe basarse en el reconocimiento de las colectividades nacionales como expresión de mayorías, en donde se incorporen a diferentes sectores sociales para abarcar de forma eficaz la inclusión, expresión y agregación de demandas sociales a favor de una cultura política y la compenetración de los partidos con la sociedad (Giraldo & Muñoz, 2014). Por lo tanto, se puede afirmar que a medida que aumenta la representación de los ciudadanos en los cargos de poder, también lo hace la percepción de la democracia.

Lo anterior es relevante debido a la promoción de la Ley 581 llamada “Ley de Cuotas”, la cual establece la participación igualitaria de las mujeres en los más altos cargos del Estado, mediante la adopción de una cuota de al menos el 30% de los cargos de corporaciones públicas (Guzmán & Molano, 2012), lo que se constituye como “un avance fundamental en la búsqueda de la igualdad en materia de participación política y representación de las mujeres” (Guzmán & Molano, 2012, p. 5).

En este sentido, la democracia representativa tendría exclusivamente un objetivo: que el candidato gane las elecciones con base a los procedimientos establecidos en las legislaciones electorales, es decir, el candidato, más tarde elegido y vuelto representante, actuó por motivaciones exclusivamente electorales en el entendido que los partidos políticos y los políticos están y existen para ganar votos (Hernández, 2015, p.175).

Así las cosas, los primeros actores de la democracia representativa son los partidos políticos, quienes se instauran para consolidar el pluralismo político y encauzar la participación de los ciudadanos, en búsqueda de conformar la manifestación de la voluntad popular, con el objetivo de acceder al poder (Ley 130 de 1994)4. Paradójicamente, los procesos de voluntad popular quedan rezagados por sus mismos funcionamientos internos, llevando a deslegitimar sus procesos a través de ventilaciones claras de disputas de poder por la vinculación de élites que favorecen sus propios intereses. Este distanciamiento de la ciudadanía hacia los partidos se evidencia en la gráfica 3, donde en Colombia, el 74% no muestra afinidad por ningún partido político.

A pesar de su consolidación y creciente relevancia a lo largo de los años como representantes de diversos sectores de la sociedad civil, lo que se ha constatado es un descontento generalizado hacia los partidos políticos. Fueron las movilizaciones sociales, que comenzaron en el 2018, las que visibilizaron la insatisfacción de la ciudadanía por medio de acciones colectivas, cargadas de transversalidad y apoyadas en estructuras de movilización que se cimentaron sobre la base de redes de relaciones sociales. Como resultado de la inacción institucional emerge la protesta social como forma de encauzar las demandas ciudadanas. De acuerdo con lo anterior, Tarrow (como citó en Cruz-Rodríguez, 2022) menciona:

La acción colectiva se produce cuando hay cierres en el sistema político institucionalizado para tramitar las demandas sociales. Un sistema totalmente abierto, es decir, capaz de procesar todas las demandas sociales, no genera acción colectiva. Por el contrario, un sistema cuyos procesos de representación política son defectuosos tiende a generar protestas y movilizaciones sociales (p.13).

Como se verá más adelante, “feminismo y democracia son dos conceptos que corren parejos” (Vaamode, 2018, p. 2). Por una parte, el feminismo supone una crítica social, que, como movimiento emancipatorio, busca la igualdad, autonomía y participación política de las mujeres, la cual solo es posible cuando se concreten los ideales democráticos (Vaamode, 2018). Y por otraparte, la democracia, supone la inclusión de todos los ciudadanos, su igualdad de derechos y libertades, su discernimiento informado, el respeto por la diversidad, etc. (Comisión de la Verdad, s.f.). De esta manera, se comprende que el movimiento feminista, por medio de su acción colectiva, ha creado espacios de repolitización donde, paradójicamente, en la democracia más estable de América Latina, las mujeres son quienes lideran la lucha por reivindicar su espacio público y combatir la ciudadanía de segunda clase.

Subversión y reivindicación: el feminismo colombiano

En Colombia, la tercera ola feminista converge con la instauración de la Nueva Constitución Política de 1991, la cual permitió la posibilidad del acceso a las mujeres de distintos contextos a la esfera pública. No obstante, el devastador carácter social y cultural conferido por la guerra, también expuso “la violencia ejercida sobre los cuerpos femeninos no solo en lo público, sino también en las relaciones privadas; la violencia pública se articula entonces con la violencia privada” (Forero, 2008, p.35). En efecto, se evidencia la necesidad de la diferenciación entre la esfera pública y privada para el desarrollo del movimiento en la democracia (Forero, 2008).

Con el establecimiento de la esfera privada, donde se desarrollaban diversas expresiones individuales, el liberalismo, en nombre de la libertad, defendía que el Estado no interfiriera en los espacios autorregulados de la sociedad. Por esta razón, este ámbito se concebía como una manifestación de lo natural, lo femenino, asociado al ámbito doméstico en donde las mujeres encontraban su realización como seres humanos, desempeñando roles de esposa o madre. En contraste, la esfera pública, considerada racional, tenía una connotación viril y excluyente de comportamientos catalogados como esencialmente femeninos (Wills, 2004).

“La esfera pública supuso un cierto tipo de separación entre mundo público y vida privada sesgada a favor de una concepción que le otorgó prerrogativas, ventajas y poder a los hombres sobre la vida de las mujeres” (Wills, 2004, p.27). Esta narrativa reforzó la subordinación de las mujeres a los hombres. Es, por tanto, que se constituye una dicotomía en este discurso. Mientras el mundo público se concebía como una esfera donde ocurrían las grandes gestas (Wills, 2004) y se desarrollaba la “historia” -his-tory-, lo privado recluyó a la mujer a un creciente menosprecio de la sociedad.

Debido a esto, son las mujeres quienes buscan la reivindicación de sus demandas al adentrarse en la esfera pública mediante luchas y acciones colectivas que valoran políticamente el espacio privado (Forero, 2008). En este contexto, la acción y la participación del feminismo en Colombia se centró en el debate y la promoción de los derechos humanos y de la mujer. Dos enfoques predominaron: por un lado, algunas feministas se dedicaron al empoderamiento de las mujeres desde la sociedad civil; por otro lado, el cabildeo y la presión sobre el Estado se destacaron como estrategias pertinentes para la época (Forero, 2008).

Con la promulgación de la Carta Política en 1991, las mujeres comenzaron a organizarse y consolidar redes, organizaciones y movimientos en busca del reconocimiento de sus derechos jurídica y normativamente. Lo anterior, se puede ver reflejado en la tabla 1, la cual rastrea la actividad de 11 organizaciones feministas entre 1991 -20025. Para efectos de la presente investigación, se mencionan únicamente once organizaciones, aunque es relevante destacar que según Lamus (2010) “María Eugenia Martínez registró un total de 42 organizaciones en 1993 y 78 en 2005” (p.254). Esto deja entrever el vasto surgimiento de movimientos feministas durante la tercera ola.

Como menciona Lamus (2020), el desarrollo de la tercera ola en Colombia se reconoce como “un marcado proceso de institucionalización de los movimientos de mujeres y feministas, de corte democrático” (p. 12). De esta manera, como se puede observar en la tabla 1, se establecen los vínculos entre la institucionalidad y las organizaciones feministas mediante la ampliación de la participación política y las formas de incidencia en políticas públicas en favor de las mujeres, marcando el camino hacia la conformación de una agenda feminista en el ámbito político.  

Ahora bien, vale pena precisar que el liberalismo relegó a la mujer a un ámbito exclusivamente privado, pero que también, a pesar de sus limitaciones, proporcionó mediante reformas del sistema el medio para las mujeres se movilizaran en defensa de sus derechos. Sin embargo, la inclusión de las mujeres no genera per se su representatividad dentro de la institucionalidad, como señala Wills (2004):

La inclusión no va siempre de la mano de mayores grados de permisibilidad de la disidencia y la oposición pública. En otras palabras, las puertas de la ciudadanía pueden abrirse a las poblaciones otrora excluidas y hasta la conformación de las élites políticas hacerse más heterogénea, y sin embargo esta incorporación y heterogeneidad no garantizar que la/os recién ingresada/os encuentren el clima propicio para auspiciar el surgimiento de sus propias voces y significar sus expectativas al sistema político (p. 36).

En consecuencia, la experiencia política del movimiento feminista en el escenario público se centra en la búsqueda de una igualdad sustancial, abarcando la reivindicación de los derechos y aborda problemáticas como la violencia sexual, la explotación económica, los derechos reproductivos, el cuestionamiento del género y las relaciones interseccionales en diversos contextos. Lo anterior, a través de una articulación entre la institucionalidad, la sociedad civil, y la utilización de nuevas tecnologías de información. “Es en este punto donde se puede indicar el inicio de la cuarta ola feminista, que conlleva la transnacionalización de la protesta y la lucha contra las distintas violencias que sufren las mujeres” (Garrido, 2022, p. 124).

De esta forma, el surgimiento de las nuevas tecnologías de información permitió (re)pensarse las dinámicas de movilización y protesta social. El ciberactivismo se convirtió en una forma de participación y concientización a través de la proliferación de iniciativas creativas, la creación de colectivas digitales y la viralización de contenidos que nutren el activismo de la cuarta ola (Garrido, 2022). Esto se evidencia en la tabla 2, la cual realiza un rastreo de algunos movimientos, organizaciones y colectivos feministas que se instauran en Colombia desde el 2017 hasta el 20226.

La cuarta ola se caracterizó por la participación activa de las mujeres en movilizaciones sociales que no solo tuvieron lugar en las calles,sino que también, impulsadas por los medios de comunicación, transformaron el espacio digital en un nuevo escenario público. Allí se canalizaron las demandas ciudadanas y el feminismo comenzó a consolidarse en diversas esferas y corrientes. Como señala Garrido (2022), “se puede observar cómo estas acciones han producido un efecto dominó y una articulación de la protesta a través de alianzas que se han tejido, coordinado y realizado a través del espacio digital” (p. 194).

Adicionalmente, la incorporación de la Ley Estatutaria que modifica el Código Electoral para incluir la obligatoriedad de promover la paridad de género en las listas de los partidos políticos, se considera un avance significativo. Esta medida ha resultado en un aumento del 30% al 50% en la participación de las mujeres en las corporaciones públicas respecto al total de candidatos inscritos a la corporación (Cámara de Representantes, 2020).

Cabe resaltar que, la sororidad es una ficha importante en el desarrollo de los nuevos movimientos feministas que “apelan a la unión entre mujeres frente a las distintas discriminaciones que sufren en el mundo” (Garrido, 2022, p. 195). Es por este motivo que el lema “el Estado no me cuida, me cuidan mis amigas”, se convierte en una bandera importante en el desarrollo de esta ola. De este modo, el cuidado emerge como el elemento central para transformar las relaciones de poder, permitiendo que las mujeres construyan sus propios espacios sin la influencia dominante del hombre (Garrido, 2022).

El feminismo como agente repolitizador de la democracia fatigada.

La democracia como sistema político ha experimentado una transformación que con el tiempo ha erosionado sus pilares fundamentales. La corrupción, las redes clientelares, la desinstitucionalización, la falta efectiva de representación, la predominancia del modelo neoliberal, además de una estructura hegemónica-patriarcal, son factores que han obstaculizado la consolidación de una agenda feminista que rompa con la instrumentalización de la mujer en el escenario político.

Aunque en Colombia se han promulgado diferentes normativas en las últimas décadas para ampliar el acceso al poder de las minorías y fomentar una mayor representación, este avance ha meramente simbólico. En la lucha por establecer una agenda feminista en una democracia fatigada, se revela un enfoque formalista en la implementación de las leyes que no conduce a un cambio real. Así, la noción meramente descriptiva de la representación queda rezagada frente a una realidad donde tener la ley es solo un primer paso para incluir a aquellos que históricamente han sido marginados. La verdadera aplicación y el intereses por su funcionamiento surgen a partir de la participación visible en diferentes movilizaciones feministas.

Aquí conviene detenerse un momento a fin de comprender la relación entre democracia fatigada y la dificultad para el acceso al poder de las mujeres, que, bajo unas barreras invisibles dentro de la institucionalización, se obstaculiza el desarrollo de sus potencialidades individuales, esto es justamente dado, por los obstáculos que establece el sistema de partidos restringiendo el sistema democrático. Se reconoce que estas barreras componen un efecto techo de cristal que se alimentan de estereotipos de género y conducen al estancamiento de su desarrollo (Meza, 2018), debido a que las dinámicas de funcionamiento de estas instituciones se consolidan bajo modelos patriarcales que responden a intereses propios. 

Los partidos políticos, por tanto, se diseñan como formas de generar representación política dentro de una democracia; sin embargo, son los mismos, los encargados de configurar y perpetuar la violencia estructural hacia las mujeres y su participación dentro de este tipo de escenarios. A pesar de que las leyes paritarias -un logro que ha tenido Colombia- permite que el 50% de las listas esté dada por mujeres, aún sigue siendo un tropiezo para su participación en el sistema. Para el año 2022, de un total de 295 escaños en el Congreso de la República, 85 son ocupados por mujeres. Es decir, el 28,8% de las curules del congreso está ocupada por una congresista (Oquendo, 2022).

El sistema electoral, y con ello, la democracia, no ha sido capaz de generar condiciones equitativas dentro de la competencia electoral que permita modificar aspectos históricos, culturales y sociales para generar una representación de “actuar por” las banderas y la agenda feminista.

La violencias de género, ponen de manifiesto una:

Condición social de subordinación de las mujeres con respecto a los varones, situación que se vincula con la existencia de situaciones de desigualdad y desequilibrio de poder entre ambos sexos. Estos hechos son correlato de la presencia de un sistema de dominación patriarcal basado en la estructura binaria de sexo/género que se ha establecido roles estereotipados para varones y mujeres a lo largo de la historia (Albaine, 2015, p. 150)

La inclusión dentro del sistema es, por tanto, su condición de sexo, y esta implicación se da bajo estándares de dominación que condiciona el estatus de ciudadanía de este grupo social. En el espacio político se sigue reproduciendo patrones de desigualdad frente a las relaciones de poder, y, asimismo, dinámicas patriarcales que perpetúan la masculinización de los espacios públicos.

 Es por esto, como menciona Wills, 2004:

La representación política de los otrora excluidos exige su inclusión, pero además requiere que se ponga en marcha un “proceso virtuoso” que combine la formación en el espacio público de discursos que condense las expectativas y los sueños de los que antes se encontraban fuera, con un sistema de partidos capaz de recoger estas voces y darles el sello de una política de Estado (p. 43).

Para ello, es necesario la reconfiguración de las instituciones de la sociedad civil, que, al ser interiorizadas, les faciliten el acceso a la autonomía individual y a la posibilidad de participar efectivamente en todo poder explícito y existente de la sociedad (Castoriadis, 1998, p.81). La autonomía radica entonces, en que la sociedad y las mujeres mismas, sean conscientes de que son ellas como sujetas políticas quienes se autoorganizan, reconociendo a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial los que constitucionalmente les pertenecen y deben ser ejercidos por ellas (Castoriadis, 1998; Riveros, 2017). Sin embargo, como esto no se ha logrado materializar, la repolitización se presenta como una forma en que las organizaciones feministas se movilicen entre la sociedad civil para revelar su existencia, la existencia de una comunidad política susceptible de levantarse contra el Estado (Abensour, 2014). En aras de subsanar las grietas que el mismo sistema dejó.

Es entonces, el feminismo frente a la despolitización de la esfera pública, quien actúa como un agente repolitizador ante su progresiva toma de espacios en los que cuestiona las relaciones de poder que, en medio de una democracia fatigada, se constituye desde una perspectiva monolítica, y comienza a cuestionarse desde una perspectiva pluralista, en donde las voces de las minorías que quedaron rezagadas a la esfera privada, se vuelquen hacia la participación latente en lo público y, busquen generar una representación activa de todos los sectores.

Esto es pues, a lo que hacía referencia Castoriadis (1998) frente a la articulación de las tres esferas de la sociedad: privada, público/privada y pública/pública:

No hay sociedad autónoma sin individuos autónomos, implica que la ecclesia garantice y promueva la mayor esfera posible de actividad real autónoma tanto de los individuos como de los grupos que ellos formen, cualquiera sea su índole —por lo tanto, la mayor extensión posible de la esfera privada y la esfera privada/pública (p. 90).

De lo anterior, lo verdaderamente público, la ecclesia, se instaura como la expresión máxima de la sociedad democrática y de este modo, su núcleo. Aún sin dejar obsoleto el encuentro y agrupamiento con otros en la esfera público/privada, y, además, contemplando el encuentro intersubjetivo que se realiza dentro de la esfera privada. Esto permite la construcción de una sociedad autónoma que garantiza la libertad de sus integrantes en todas las esferas.

En resumen, aunque Colombia posee los niveles más altos de estabilidad democrática en América Latina, enfrenta actualmente una democracia fatigada. Esto ha generado desafección e incredulidad de los ciudadanos hacia el sistema político, impulsándolos a transformar sus exigencias y demandas en el escenario público en movilizaciones sociales y acciones colectivas.

Con base a lo anterior, vale la pena preguntarse: ¿son las dinámicas patriarcales que caracterizan al Estado democrático las que lo llevan a fatigarse? ¿Son los partidos políticos, con sus estructuras cerradas, los que constituyen una democracia restringida y excluyente? La respuesta a ambas preguntas es afirmativa. A pesar de que el Estado es la única instancia social con capacidad de coordinación y centralización, también opera bajo diferentes lógicas extractivistas (capitalistas), coloniales y patriarcales, lo cual se considera una incapacidad para cuestionar los imaginarios en torno al mismo. Por esta razón, el Estado termina coaptando cualquier lucha emancipatoria que, aliada con el neoliberalismo, termina por desdemocratizar la soberanía popular y cualquier forma de Estado social (Gorriti & Farrán, 2021).

El Estado, por su parte, se limita a abordar las dinámicas de violencia mediante la implementación de normativas destinadas a "solucionar" los problemas sociales, sin reconocer a los cuerpos víctimas de manera integral para su reparación. Esto se evidencia en las violencias de género, institucionales, económicas, sociales, políticas, entre otras, que experimentan diariamente las mujeres y otras personas excluidas. Esta falta de reconocimiento obstaculiza la posibilidad de configurar un verdadero Estado Democrático que promueva la feminización de sus formas y procedimientos, orientado a "aceptar las singularidades y diferencias irreductibles sin aplastarlas ni excluirlas" (Gorriti & Farrán, 2021, p. 9).

Debido a esto, el feminismo surge como un agente repolitizador de la democracia al cuestionar las relaciones establecidas en las tres esferas a través de la movilización, el ciberactivismo y la incidencia en el aparato gubernamental, en favor de las personas que han sido históricamente silenciadas. En ese sentido, el feminismo busca romper el techo de cristal que año tras año sigue limitando la verdadera representación en los puestos de poder, restituyendo oportunidades de acción en la esfera pública.

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