Resumen

El presente texto tiene como objetivo hacer una aproximación a la noción de conflicto armado en Colombia a partir de una perspectiva feminista. Estas reflexiones son el resultado del trabajo con mujeres víctimas del conflicto armado en el país, así como de la revisión bibliográfica sobre el tema y los debates suscitados en las asignaturas Luchas sobre la verdad: negociación y transición en Colombia en perspectiva comparada[1] y Mujeres, conflictos armados y construcción de paz[2]. El argumento que se desarrollará es que el conflicto armado, social y político en Colombia puede entenderse como una guerra contemporánea cuyos orígenes se ubican en el sistema patriarcal, el cual interactúa con otros sistemas de opresión como el colonialismo, el racismo, el capitalismo y el militarismo. En esta interacción, las diferencias son configuradas como desigualdades que construyen, por un lado, a grupos de personas históricamente excluidas y, por otro, la violencia como forma privilegiada de tramitar las disputas por el reconocimiento, la redistribución y la participación.

Palabras clave: Conflicto armado, guerras contemporáneas, feminismos, patriarcado, Colombia.

Abstract

This text proposes a feminist approach to the concept of armed conflict in Colombia. These reflections are the result of fieldwork with female victims of armed conflict in Colombia, a literature review of the topic, and the debates raised in the classes Luchas sobre la verdad: negociación y transición en Colombia en perspectiva comparada (The fight for truth: negotiation and transition in Colombia in comparative perspective) and Mujeres, conflictos armados y construcción de paz (Women, armed conflicts, and peace building). The main argument developed herein is that armed, social, and political conflict in Colombia can be understood in terms of a new war, whose origins are in the patriarchal system, which interacts with other oppressive systems such as colonialism, racism, capitalism, and militarism. In that interaction, differences are configured as inequalities that create, on the one hand, groups of people historically excluded and, on the other hand, violence as the prime mechanism to manage the struggles for recognition, redistribution, and participation.

Keywords: armed conflict, contemporary wars, new wars feminism(s), patriarchy, Colombia.

Introducción

En este artículo se reconoce que la definición de la situación sociopolítica colombiana es un campo de luchas por la verdad. La decisión de usar la noción de conflicto armado, social y político no es neutral y pretende visibilizar que sus orígenes se encuentran en las estructuras desiguales de poder que velan por intereses hegemónicos, todo ello en detrimento de condiciones de vida dignas para la mayoría de la población. Las raíces del conflicto son de larga data y para que este llegue a su fin, se requiere un proceso de desestructuración y transformación de dichos sistemas de opresión hacia posibilidades de vida más justa y digna.

Para hacer una aproximación a la noción del conflicto armado en Colombia a partir de una perspectiva feminista es necesario clarificar qué se entiende por feminismo. Monasterio (2006) lo define “como concepto, como fenómeno, como ideario, como movimiento social y político ―[que] independientemente de sus múltiples y diferentes perspectivas y estrategias― ha supuesto desde incluso antes de que fuera conceptualizado, un movimiento que se enfrentaba [y enfrenta] al patriarcado” (p.2). Complementariamente, Harding (2002) plantea que: “deberíamos hablar sobre nuestros ‘feminismos’ solo en plural, puesto que no existe ningún cuerpo único de principios o ideas feministas más allá de los muy generales a los cuales se adhieren las feministas de toda clase, raza y cultura” (p.12). De acuerdo con la anterior definición, una perspectiva feminista de análisis es el resultado de la comprensión del feminismo como movimiento, y producción de conocimiento y ética de vida. Hay múltiples análisis con este enclave que responden a la diversidad de feminismos existentes y los lugares de enunciación desde los que se ubica quien investiga. Sin embargo, existen algunos elementos en común como el protagonismo otorgado a las mujeres y a los cuerpos históricamente subordinados como sujetos de conocimiento y de derechos, a partir de sus múltiples experiencias de vida. Estas ópticas plantean la importancia de identificar y cuestionar en los diferentes espacios las relaciones de poder y las estructuras patriarcales naturalizadas en la construcción de conocimiento y de sociedad. Por esta razón, se tiene en cuenta que dichas estructuras se configuran con base en las diferencias sexuales, de clase, edad, raza, entre otras pertenencias identitarias e históricas que se traducen en formas de desigualdad y jerarquías.

Con base en estas premisas, para el oportuno desarrollo de este artículo de reflexión, en primer lugar, se plantearán los principales aportes hechos desde los feminismos para el análisis de la guerra y los conflictos armados. En segunda instancia, se presentarán algunas reflexiones sobre el conflicto armado en Colombia. Y por último, se esbozarán algunas conclusiones.

Aportes feministas sobre las guerras y los conflictos armados

Existen diversos análisis feministas sobre la guerra que, aunque coinciden en que “las relaciones de género son una parte significativa del bosque del militarismo y de la guerra” (Cockburn, 2009, p.310), divergen en sus explicaciones. Los feminismos, desde la diversidad que los caracteriza, han realizado aportes valiosos para la comprensión de los conflictos armados, a través de lecturas críticas que cuestionan diferentes imaginarios patriarcales como los que reafirman los contextos bélicos como un escenario masculino o de hombres. Este imaginario se extrapola a los procesos de paz dado que se considera que las soluciones o salidas a los conflictos armados deben convenirse entre militares o varones, y esto sitúa a las mujeres como pactadas dentro de estos acuerdos y las excluye en sus diferentes roles (víctimas, combatientes, constructoras de paz, etc.) como sujetos políticos concertantes que interpretan la guerra y han consolidado apuestas ético-políticas para su fin (Casa de la Mujer, 2016).

En oposición a este imaginario y mediante su desestructuración, Moreno (2002) evidencia que las mujeres han participado de manera diversa en el sistema de la guerra porque:

En primer lugar, (…) está presente en la vida de todes les humanos. En segundo lugar, porque en un mundo donde la guerra está latente y puede estallar en cualquier momento, en cualquier lugar, sus efectos no le son ajenos a ninguna persona. En tercer lugar, porque las mujeres ―deliberada o inconscientemente― participan en el sistema de la guerra en roles que permiten constituir la masculinidad como una disposición a la violencia. En cuarto, porque con o sin su consentimiento, las situaciones de guerra requieren ―y los explotan de manera intensiva― de su trabajo, de su apoyo moral, del lugar que ocupan en el mundo, de sus cuerpos, de sus sexualidades. (p.113)

En esta participación diversa de las mujeres y los sujetos feminizados en el marco de la guerra diferentes roles son asignados o asumidos para perpetuar, evitar, oponerse o mitigar los efectos de la guerra. La importancia de estos cuerpos y sus funciones es jerarquizada de acuerdo con el género y otros procesos culturales que los clasifican (tales como: las racializaciones, los enclasamientos, las etarizaciones, etc.), y otorgan valor sobre los mismos mientras se va configurando una biopolítica (y necropolítica) acerca de las vidas que importan y aquellas que pueden ser sacrificadas o desechadas, según sea el discurso y las prácticas legitimantes. En los múltiples roles que han ocupado las mujeres en las guerras, de forma simultánea y a veces contradictoria, ellas han reproducido lógicas patriarcales y se han resistido a estas. Los roles pueden resumirse así:

● Víctimas: no pasivas u organizadas como agentes sociales, actoras políticas, sujetas de derechos, ciudadanas y sobrevivientes.

● Combatientes: armadas y/o ideológicas de los diversos grupos armados legales e ilegales, desvinculadas o excombatientes.

● Constructoras de paz: pacifistas, agentes/promotoras de paz, opositoras a la guerra y al militarismo, organizaciones sociales, etc.

● Perpetuadoras del conflicto: a través del sostén moral, ideológico y material como cuidadoras, familiares, enfermeras, espías, mensajeras, financiadoras, líderes políticas, etc.

● Profesionales: que trabajan con mujeres víctimas, excombatientes desvinculadas y lideresas sociales (Abadía, 2014; Céspedes-Báez, 2014; Rojas y Barros, 2015; M. Sánchez y Rodríguez, 2015; Wilches, 2010).

Encarnar estos roles en cuerpos feminizados no implica que sean asumidos de forma acrítica e independiente de sus posiciones identitarias de clase, raza, edad, religión, territorio, etc. Según los análisis feministas, las mujeres están inmersas en relaciones de poder, de subordinación, dominación y opresión en el desempeño de cada uno de sus roles en la guerra, aun cuando en sus experiencias particulares han trasgredido o fracturado los órdenes de género patriarcales. Frente a estas desigualdades y discriminaciones las mujeres también han construido estrategias de afrontamiento, resistencia y desobediencia asumiendo la defensa de una serie de derechos, tales como: participar en la guerra o no hacerlo, vivir una vida libre de violencias y en paz, garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas, entre otros.

Esta heterogeneidad ha permitido evidenciar desde algunos feminismos que: “las mujeres no están presentadas (…) como naturalmente predispuestas a la paz, es decir, contradiciendo la lógica patriarcal de la guerra” (Cockburn, 2009, p.322). En este sentido, las apuestas políticas feministas no necesariamente rechazan la violencia, sino que esta puede ser incorporada. En primera instancia, como una forma de lucha legítima frente a la violencia patriarcal, estatal y represiva que limita el acceso a otros mecanismos para tramitar efectivamente los conflictos. De hecho, al ser instrumentalizados dichos mecanismos para mantener el orden vigente, a través de la violencia, se pretende acabar con todo aquello que lo represente. En segunda instancia, la violencia puede ser un mecanismo de protección, defensa y apropiación del cuerpo y del territorio ante la violencia machista que impera en contextos de paz y de guerra, la cual no deja otra posibilidad que el uso de la fuerza para la sobrevivencia.

Esta desnaturalización de las mujeres devela que ser pacifista es una construcción social y una decisión ético-política que han asumido diversas mujeres alrededor del mundo, algunas de ellas en el marco de un proyecto político feminista. Al respecto, la Ruta Pacífica de las Mujeres (2018) afirma que:

(…) el compromiso de las mujeres con la paz, es un compromiso político ―no natural― que pasa necesariamente por una reflexión del papel que hemos jugado frente a la guerra y frente al guerrero; así como, por hacer visibles los efectos de la guerra en la vida y cuerpo de las mujeres. (p.154)

Este último aspecto ha sido otro de los aportes de las feministas al análisis de los conflictos armados, pues han permitido visibilizar los efectos diferenciados y desproporcionados que el conflicto armado ha tenido sobre las vidas, subjetividades y cuerpos-territorios de las niñas y mujeres no como daños colaterales e inevitables, sino como prácticas habituales, sistemáticas, extendidas e invisibles, producto de: “una profunda misoginia entre los hombres militarizados, un odio a las mujeres y a lo femenino” (Cockburn, 2009, p.335).

Las feministas han creado nuevas categorías e instrumentos metodológicos para explicar las desigualdades que viven las mujeres, cómo se reproducen y transforman. Uno de estos conceptos es el de continuum de violencias que, para el análisis de los conflictos armados, subraya que las violencias contra las mujeres no son casos aislados o excepciones de algunos varones, por el contrario, estas son “expresión de opresión, subordinación e injusticia social (…), y de los dispositivos de poder que utiliza el sistema socio-sexual patriarcal para mantener, re-crear y reproducir dichas relaciones” (Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado, 2009, p.31), en diferentes ámbitos apoyado de otros sistemas de opresión que se conjugan y reactualizan permanentemente.

A partir del continuum de violencias se comprende que las violencias son ejercidas a lo largo de las experiencias vitales de las mujeres en lo privado y lo público, en tiempos de paz y de guerra, por parte de actores armados o no, debido a que con ellas se reafirman, recrean, redefinen y reconfiguran relaciones de explotación, subordinación y opresión. Las violencias desplegadas contra las mujeres no fueron inventadas por los grupos armados, sino que estos han escenificado con crueldad y sevicia la legitimidad dada a los varones para violentar y ejercer su autoridad (Canal Comisión de la Verdad, 2020). Así las cosas, la culminación de conflictos bélicos y la transición hacia escenarios de paz no garantiza una vida libre de violencias para las mujeres ni para otros sujetos feminizados. Al contrario, se ha evidenciado que un “efecto duradero de la militarización de la vida cotidiana y de la formación de la masculinidad militarizada es el aumento en la violencia doméstica” (Theidon, 2009, p.16).

Sobre las violencias que viven las mujeres con ocasión del conflicto armado algunas autoras (Abadía, 2014; Céspedes-Báez, 2014; Sánchez y Rodríguez, 2015) plantean que en Colombia ha habido una atención desproporcionada en la violencia sexual porque acarrea “el descuido de otras causas y manifestaciones de la discriminación que también tienen un impacto real en la vida de las mujeres, tales como el diseño del sistema económico, la regulación de la familia, la concepción del Estado” (Céspedes-Báez, 2014, p. 142). Sin embargo, si estas organizaciones, profesionales y expertas feministas no hubiesen actuado recogiendo las voces de las mujeres a partir de la producción del conocimiento y del activismo nacional e internacional, no se habría reconocido a las mujeres como víctimas, ni a la violencia sexual en la guerra como un hecho estratégico y un asunto político y público (Chaparro, 2020).

Respecto a los orígenes de las guerras, las feministas también han construido diferentes perspectivas analíticas. Algunas consideran que sus raíces se encuentran en los hombres y la constitución de masculinidades guerreristas y violentas, por su parte “Otras feministas plantean que los orígenes del conflicto armado, más que en los hombres mismos, se encuentran en las estructuras patriarcales cuyos intereses están particularmente representados en la nación” (Velásquez, 2001, p.86). En coherencia, Segato (2016) menciona que el patriarcado es la estructura más arcaica de la humanidad que moldea las distintas diferenciaciones de prestigio y poder con base en desigualdades. Este sistema se ha adaptado históricamente y ha adquirido “un orden de alta letalidad por el proceso de conquista y colonización” (p.18). Orden que aún permanece arraigado en los territorios de América Latina y sus conflictos armados.

Este sistema patriarcal colonial moderno pervivió en la consolidación de los Estados del continente a través de una mutación histórica del género, en la cual “al mismo tiempo que el sujeto masculino se tornó modelo de lo humano y sujeto de enunciación paradigmático de la esfera pública, (…) el espacio de las mujeres (…) se vació de su politicidad” (Segato, 2016, p.20) y se relegó al ámbito doméstico. De esta forma, el Estado se configuró como representante de los intereses patriarcales y coloniales, con lo cual se creó una base material y simbólica para que los territorios y los cuerpos de las mujeres sean apropiados como primeras colonias.

Bajo esta concepción, en las guerras no solo se disputa el control sobre un territorio físico fijo, sino además sobre los cuerpos, sobre quienes se va imponiendo unos modos legítimos de ser, estar y relacionarse conforme a los intereses dominantes. Este relacionamiento está atravesado por lógicas capitalistas que oprimen, expropian y explotan los cuerpos, la fuerza de trabajo y los territorios de quienes considera subordinados y subordinadas. Adicionalmente, esta subordinación se configura bajo un espectro racista colonial exterminador de la diferencia; diferencia que se construye con base en un modelo hegemónico eurocéntrico de hombre blanco.

Otra de las contribuciones de los feminismos ha sido desvelar los entrelazamientos de los sistemas de opresión en el marco de las guerras, específicamente cómo el patriarcado se entrecruza con el militarismo, ambos promovidos estatalmente y arraigados culturalmente. Esta confluencia genera, por un lado, la imposición de normas de control social y el disciplinamiento de los cuerpos conforme a valoraciones heteronormativas que exacerban los imaginarios y estereotipos de masculinidades hegemónicas, las cuales dominan y se apropian de los cuerpos-territorios principalmente de las mujeres y las niñas. De esta manera, se les otorga más poder a los varones y a los militares como garantes del orden de la sociedad y veladores de la protección o seguridad de los intereses aparentemente colectivos (Yuste, 2005). Por otra parte, el entrelazamiento de estos sistemas acarrea la introyección de valores y pautas militaristas en la vida cotidiana, tales como “solucionar los conflictos a través del ejercicio de la violencia; la identificación del conflicto con las personas y no con el hecho objetivo que lo causa; la percepción de peligro en la pluralidad y la tendencia a la homogenización” (Sánchez, 2004, p.4). Se construye así un entramado simbólico que despolitiza los intereses que se ponen en juego en los conflictos y se naturaliza la violencia como forma de tramitar las diferencias y disidencias, puesto que “el no yo está diferenciado como otro, un ajeno hostil. Al ser ‘nombrado’ el otro es simultáneamente excluido o marginalizado como inferior o peligroso” (Cockburn, 2009, p.34).

En correspondencia, Velásquez (2001) afirma que a partir de las reflexiones feministas se han complejizado las concepciones de paz y de seguridad al vincularlas al espacio público y privado, al igual que han mostrado su incompatibilidad con el patriarcado, otros sistemas de opresión y las relaciones de subordinación y explotación de las mujeres. En específico, las agendas feministas por la paz han tenido incidencia política en:

- La participación de las mujeres en las negociaciones de paz.

- El cuestionamiento del concepto y las medidas de seguridad y protección tradicionales, armadas y militarizadas, e incluso, el de seguridad humana que impone lo masculino como el patrón de lo humano.

- Impulso a la creación y cumplimiento de la Resolución 1325 de 2000 y otras que abordan la relación entre mujeres, paz y seguridad.

- Actuar contra la guerra y las violencias que viven las mujeres en los conflictos armados.

- Desnaturalizar la violencia contra las mujeres, particularmente, la apropiación sexual de sus cuerpos y sus disputas como territorios.

- El reconocimiento de la desigualdad y desequilibrio en las relaciones de poder entre hombres y mujeres tanto en tiempos de guerra como de paz.

- La denuncia de las violaciones y agresiones sexuales, así como de otras violaciones de Derechos Humanos en diferentes países en guerra (Moreno, 2015; Zajović, 2015).

Estas apuestas ético-políticas permiten afirmar que desde los feminismos la paz no se limita a una concepción negativa (Galtung, 2003) con acciones como la dejación de armas y el fin del conflicto armado, sino que, desde una perspectiva positiva, estos son aspectos requeridos, aunque insuficientes para garantizar justicia social y democracia. La radicalización de la democracia como parte de la construcción de paz implica, para algunos feminismos, la apertura del régimen político democrático con la participación de sectores previamente excluidos, así como cambios en la distribución del poder y la representación a través de mecanismos, como la paridad, que permitan superar las desigualdades e injusticias contra las mujeres y repartir las responsabilidades en todos los ámbitos de la vida sociopolítica. De este modo es posible transformar tanto los estereotipos sexistas, racistas y clasistas como las instituciones que legitiman la dominación y explotación de las mujeres como el Estado, la iglesia y la familia. En últimas, “se trata de destejer los hilos de una cultura guerrerista por una que (…) desarticule prácticas de opresión y subordinación en las mujeres, para crear nuevos discursos que vean en el conflicto una oportunidad para construir, no para perpetuar la violencia” (Mora, 2020, p.19).

Aportes sobre la guerra en Colombia

De acuerdo con Cockburn (2009):

(…) para considerar que un conflicto es una guerra, éste tiene que ser una empresa organizada en forma colectiva, que involucre un armamento y que sea potencialmente mortífero; que sea librado por un objetivo o un interés, y lo más importante, que sea socialmente aceptado, de manera que matar no se considere un crimen. (p.310)

La cifra de 9’134.347 personas inscritas en el Registro Único de Víctimas hasta el 30 de abril de 2021 da cuenta del potencial mortífero que la guerra tiene en Colombia, aun sabiendo que este es un subregistro de sus dimensiones reales. La organización de esta guerra vislumbra no solo las economías legales e ilegales que perpetúan y se lucran con esta empresa, sino de su sustento en las formas de relacionarse a través de la violencia, la deslegitimación del otro u otra y su eliminación física o simbólica. Esta aceptación social del uso de la violencia construye un ‘otro’ objeto de ataque, por lo que se va impidiendo “la expresión de la singularidad, porque es intolerante frente a la diferencia” (Fisas, 1998, p.350). Como expresa Reardon (2010), “el concepto de ‘otro’ se usa no sólo para definir a quienes son ajenos a una determinada cultura, sino para definir de modo general a quienes no se ajustan a las normas patriarcales” (p.222).

Aunque es importante reconocer que diferentes grupos sociales (entre ellos el Movimiento Feminista y el Movimiento Social de Mujeres) se han opuesto a la guerra y han luchado por salidas negociadas al conflicto, en Colombia no hay una objeción generalizada a la guerra. De hecho, existe cierta permisividad y naturalización frente a las lógicas bélicas, las cuales están atravesados por discursos y narrativas hegemónicas que impiden su visibilización e imponen el silencio para cumplir sus objetivos. Producto de estas narrativas hegemónicas, así como de la degradación de la guerra, no hay un reconocimiento amplio sobre el carácter social y político del conflicto armado. Por el contrario, se ve frecuentemente reducido a una amenaza terrorista o a los intereses personales de grupos aislados que pretenden subvertir el orden en el país.

El conflicto armado tiene en su centro luchas históricas por el reconocimiento, la redistribución y la participación de grupos históricamente excluidos por élites y sectores que encarnan sistemas interdependientes de dominación que no solo han concentrado la tierra, sino que se han perpetuado en el poder instaurando una política y una cultura de eliminación de quienes difieran o cuestionen el modelo patriarcal, heteronormativo, capitalista, racista y colonial hegemónico. De este modo, el conflicto armado, social y político en Colombia puede comprenderse como una guerra contemporánea en la que participan múltiples actores estatales, paraestatales y no estatales que se disputan proyectos políticos de sociedad diferentes, aunque no necesariamente contrahegemónicos u opuestos completamente a los órdenes dominantes. Estos proyectos integran una multiplicidad de actores que interpretan de forma particular sus demandas de acuerdo con sus concepciones ontológicas, demandas históricas, posibilidades espaciotemporales, así como de sus contextos y las transformaciones en estos.

Las reglas a partir de las cuales se desarrolla esta guerra son cada vez más negociables. Como lo menciona Velásquez (2001): “Ahora (…) cuestionan los modelos binarios que antes inspiraron: guerra/paz, bueno/malo, frente/hogar, combatiente/no-combatiente, victoria/derrota” (p.90), y estos significados aparentemente antagónicos son construidos y deconstruidos permanentemente, razón por la cual aquellos aspectos que antes se consideraban como excepcionales, como el uso de la violencia sexual contra cuerpos feminizados, según Segato (2016), fueron develándose como estrategias deliberadas, sistemáticas y calculadas con el objetivo de atacar física y moralmente al enemigo y a la vez reafirmar el mandato de masculinidad entre pares varones (sin importar si son enemigos o aliados).

A pesar de sus diferencias todos los actores involucrados en el conflicto armado han exacerbado las violencias contra las mujeres que existían previamente en los territorios con el fin de ejercer control e imponer normas a través del uso de las armas y el terror, así como formas de sanción y disciplinamiento sobre los cuerpos que divergen o se escapan a los patrones patriarcales heteronormativos y a los intereses que defiende cada actor. En palabras de Patricia Ariza (en Canal Comisión de la Verdad, 2020) “Colombia ha sido relatada (…) por una historia de convertir a la oposición en el enemigo interno (…) y a fuerza de martillarlo todo el tiempo en los medios, en las telenovelas y en muchos lugares se ha convertido en cultura” (52m32s). En este orden de ideas, la negación de la oposición se ha enraizado en una cultura política conservadora y excluyente que ha impedido radicalizar una democracia en la que las diferencias se gestionen por medio de mecanismos paritarios y participativos.

Por el contrario, se ha intentado imponer un proyecto tradicionalista, paternalista, autoritario y con rasgos de dictadura civil. Mediante la violencia han sido invisibilizadas y acalladas las alternativas políticas en el país, especialmente, aquellas que traen apuestas de transformación y justicia social. Es importante mencionar que dichas apuestas no necesariamente se han pensado la transformación de las estructuras patriarcales, por lo que las mujeres siguen siendo excluidas en la participación política o también siguen siendo relegadas a labores logísticas y de cuidado, con lo que se sigue perpetuando el poder masculino sobre la vida y la política.

En esta perspectiva, de acuerdo con la Casa de la Mujer (2017):

el sistema socio sexual patriarcal se mantiene en Colombia en tanto se inscribe en un entramado relacional que lo produce, reproduce y perpetúa hasta hacerlo hegemónico y sistemá­tico. El Estado y sus instituciones son pilares de ese sistema relacional y es desde allí donde ha encontrado, a través de la militarización de la vida civil, arraigar creencias y prácticas en las personas, familias y comunidades, que dan lugar a la subordinación de las mujeres. (p.2)

El Estado colombiano ha fungido como la encarnación de los intereses hegemónicos que buscan la perpetuación de las desigualdades que derivan de los múltiples sistemas de opresión, y esto afecta principalmente a las mujeres (indígenas, negras, rurales, etc.), y también a las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género no normativas. De hecho, estos cuerpos han sido instrumentalizados como una forma de poder político y económico (Sánchez, Olga en Canal Comisión de la Verdad, 2020) tanto por los actores armados como por los varones con los que conviven en el ámbito social, comunitario y privado.

La cultura de la violencia de la que se vale el patriarcado y que se reafirma en su comunicación con el militarismo privilegia como forma de dominación de lo masculino sobre lo femenino a la violencia sexual o sexualizada, en la que la agresión se ejecuta por medios sexuales, pero su finalidad está en el orden del poder (Segato, 2016). De esta forma, los cuerpos femeninos y feminizados han sido instrumentalizados a través de prácticas en las que las mujeres y personas LGBTI:

 (…) son reducidas a la voluntad del victimario, de alguna manera se les expropia de su propio cuerpo. Se les impide la posibilidad de decidir sobre sus derechos sexuales y reproductivos, se les humilla y se les regresa a la base de la jerárquica pirámide. (CNMH, 2017, p.201)

Este ejercicio de la violencia es además estructural y simbólico en la medida que, de manera previa y durante el conflicto armado, se han construido narrativas que legitiman y culpan a las mujeres y a quienes disidan del orden hegemónico por las violencias sufridas, todo ello invisibiliza la intencionalidad mortífera y prejuiciosa de los perpetradores. Así mismo, no ha habido un reconocimiento de la responsabilidad de estas prácticas sistemáticas por parte de los actores armados legales e ilegales. Sin embargo, a pesar de la imposición de estos sistemas las mujeres mismas han leído su realidad para denunciar estos hechos y exigir sus derechos.

Este ejercicio se ha visto limitado y en algunos casos negado, debido a la falta de reconocimiento de las mujeres como sujetas de derecho, puesto que han sido reducidas a ciudadanas de segunda categoría. Por esta razón, las mujeres en el marco del conflicto colombiano deben reconocerse en su pluralidad, atravesadas de manera diferencial por las injusticias, desigualdades y exclusiones históricas que han vivido según sus condiciones de pobreza, racialización, etc., y que han posibilitado la violación a sus derechos humanos, ya sea por acción u omisión por parte del Estado colombiano, así como por actores armados y civiles.

Esta limitación en el ejercicio de ciudadanías plenas producto de los múltiples sistemas de opresión que se entrecruzan en el conflicto en Colombia tiene bases materiales en las que las mujeres han sido impactadas de forma desproporcionada. La pervivencia de estructuras coloniales de expropiación y de explotación del campesinado, así como la precariedad estatal en la prestación de servicios básicos han generado mayores dificultades para que las mujeres accedan a la tierra y a condiciones de vida dignas. A lo anterior se agrega que los horrores de la guerra han exacerbado las lógicas de despojo de tierras y el desplazamiento forzado, los cuales han traído como consecuencia que las mujeres deban asumirse como jefas de hogar en el marco de una brecha de género cultural y jurídica que no les reconoce sus derechos patrimoniales sin el tutelaje de un varón (Sanabria y Gómez, 2020).

Esta referencia a las victimizaciones que han vivido las mujeres no pretende negar que ellas han tenido otros roles durante el conflicto armado colombiano, ni tampoco esencializar u homogenizar sus experiencias. Por el contrario, la categoría de mujeres víctimas busca destacar, como lo plantea Luz Caicedo (2009) como se citó en Díaz y Prieto (2012), que “el reconocimiento de la situación de víctima no excluye la potencia de las mujeres ni otras posibilidades reales o condiciones de una misma mujer. Ser víctima no es, desde una perspectiva de derechos, una minusvalía” (p.68). Además, “no es un lugar inalterable, ni una subjetividad asentada ni tampoco una posición de sujeto fija ni confortable” (Truñó, 2007, p.142). Es posible resignificar dicha categoría al reconocer ser víctima de una serie de violaciones de derechos humanos y, a la vez, rechazar “los estereotipos y la victimización porque sujetan y dificultan la agencia y las lecturas políticas del entorno” (Truñó, 2007, p.142).

Los cuerpos-territorios de las mujeres también han sido escenario de resistencias. Las mujeres y los sujetos feminizados desde sus agencias políticas y culturales han construido estrategias para afrontar y contrarrestar el miedo, y posicionarse en contra de la guerra. Concretamente, lo han hecho desde la organización colectiva basada en lazos de solidaridad, los procesos de memoria, el activismo político, el arte en sus múltiples expresiones, etc. Varias de estas iniciativas están pensadas desde una perspectiva feminista que implica, como plantea Díaz (2015), poner en el centro a las mujeres, validar sus experiencias, voces y subjetividades como fuente de conocimientos y de prácticas que rompen con los mandatos patriarcales y militaristas.

Este accionar ha sido impulsado y orientado en gran medida por las organizaciones sociales que se asumen desde un proyecto político feminista, las cuales han realizado labores de activismo e incidencia política que, en el marco de la guerra han permitido, entre otras: a. plasmar en el debate público y en las políticas públicas una perspectiva de género e interseccional que comprenda la violencia sexual contra las mujeres cometida por los distintos actores armados legales e ilegales y busque su prevención y erradicación; y b. exigir la garantía de los derechos de las mujeres tanto en el marco de la justicia transicional a la Verdad, la Justicia, la Reparación y la No repetición como a derechos civiles, políticos y económicos que van más allá de su vivencia como víctimas y contribuyan a transformar las condiciones de desigualdad que viven las mujeres antes, durante y después del conflicto armado (Abadía, 2014; Arias, 2018; Céspedes-Báez, 2014; Gómez y Wills, 2006; Lamus, 2009; Sánchez y Rodríguez, 2015; Wilches, 2010).

A modo de cierre

Olga Amparo Sánchez afirma que la agenda del movimiento feminista siempre ha estado vinculada con la realidad sociopolítica del país, por lo que durante la década del ochenta y noventa del siglo XX fue un movimiento marcado por el impacto del conflicto armado en la vida de las mujeres y, por ende, estuvo atravesado por debates sobre la paz, la exigencia del diálogo para finalizar el conflicto armado, “la documentación y el acompañamiento legal y psicosocial a las mujeres víctimas de los actores armados legales e ilegales; la incidencia y la denuncia en instancias internacionales” (Sánchez, 2018, p.30). Desde esta época las organizaciones de mujeres y movimientos feministas han venido fortaleciendo su incidencia política y exigencia frente al Estado para que este brinde garantías para una vida libre de violencias en tiempos de paz y de guerra, por lo cual han buscado la salida política del conflicto armado y la participación de las mujeres en los procesos de negociación apoyadas por la legislación internacional (Gómez y Wills, 2006; Lamus, 2009).

Este accionar se ha sustentado en diferentes análisis académicos feministas que permiten complejizar las comprensiones acerca de las guerras contemporáneas, dado que se percibe que estas no son neutrales al género, por el contrario se reproducen y exacerban patrones de desigualdad previos en la sociedad. Colombia vive en una sociedad en guerra y es “palco de una duplicación extrema del Estado y de un ‘conflicto interno’ que en lugar de resolverse se transforma y adapta a lo largo de décadas en la historia reciente” (Segato, 2016, p.86). No es posible entender las lógicas y consecuencias de esta guerra contemporánea en el país sin analizar los sistemas de opresión que se entrecruzan allí como el hetero-patriarcado, el racismo, el colonialismo, el capitalismo y el militarismo. Estos sistemas construyen desigualdades a partir de las diferencias, las cuales son tramitadas, principalmente, mediante la violencia, por lo que afecta de manera diferenciada y desproporcionada a las mujeres, los cuerpos feminizados y las disidencias políticas.

La cultura de la violencia, la exclusión y la discriminación de la que se valen estos sistemas de poder interconectados, como lo menciona Ariza (en Canal Comisión de la Verdad, 2020) la gente ya la tiene adentro como un modo de ser y ve a cualquier persona de la oposición como un enemigo, uno al que hay que aniquilar. Por eso hablamos de que hay una cultura de la guerra que es necesario transformar en una cultura de la paz. Para esta transformación es necesario desmontar “el mandato de masculinidad, es decir, (…) el patriarcado, pues es la pedagogía de la masculinidad lo que hace posible la guerra y sin una paz de género no podrá haber ninguna paz verdadera” (Segato, 2016, p.23).

Entonces, son necesarios cambios estructurales encaminados a construir una sociedad más justa en la que se reconozcan y ejerzan las ciudadanías plenas de los grupos históricamente excluidos, en la que exista una redistribución de los recursos y una cultura política democrática donde se celebren las diferencias y se tramiten a través de mecanismos no violentos. Además de lo anterior, debe haber un reconocimiento por parte del Estado y de los actores de la guerra acerca de las responsabilidades que han tenido en los horrores de este país.

En el conflicto armado, las mujeres no han sido sujetas pasivas, sino que tienen agencias políticas propias y capacidades para analizar críticamente las causas de la guerra, las afectaciones que esta ha traído, así como las perspectivas de futuro que desean y pueden construir. Estas capacidades críticas y creativas no solo les han permitido construir interpretaciones contrahegemónicas a la verdad imperante, también la posibilidad de exigir sus derechos, y la transformación de los imaginarios y estereotipos que sustentan y justifican las violaciones de derechos humanos a partir de cuestionar las estructuras de poder dominantes, “a pesar de toda la propaganda y de todos los intentos por controlar el pensamiento y fabricar el consenso” (Chomsky, 2007, párr. 8). “Como feministas tenemos el deber ético de rebelarnos contra todo tipo de autoridad patriarcal. Con nuestras prácticas públicas y privadas, con palabras acciones y simbólicos estamos contribuyendo a erradicar el sexismo y el militarismo” (Casa de la Mujer, 2016, p.4) desde acciones pacíficas y no-violentas.

Por último, la comprensión y transformación de la guerra en Colombia implica el acompañamiento y el cobijo psicosocial, comunitario, cultural y educativo por parte de la sociedad para que se tramiten y politicen las emociones hacia apuestas colectivas de transformación social feministas, antipatriarcales, antimilitaristas, anticapitalistas, antirracistas, interseccionales y decoloniales. Siempre pensadas desde América Latina y la realidad de nuestro país para construir otros mundos posibles, más justos y dignos que, a su vez, sean opuestos a los mandatos patriarcales de la guerra, el nacionalismo y el militarismo.

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